Ejemplos de gestión (de la pobreza)

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Diario Información » Cartas de los lectores

Manuel Mendiluces Solivelles

¿Ejemplo de gestión? 

Alicante, 21/04/14

Me gustaría saber qué cuerpo se les queda a los miembros del Gobierno cuando leen un informe de Cáritas en el que les dicen que 2,5 millones de niños en nuestro país están en riesgo de exclusión social y que los que van a los comedores sociales se guardan un trozo de pan para su abuelo que no ha comido nada durante todo el día. Al tiempo que han rescatado con miles de millones la banca y no son capaces de legislar para que los culpables de nuestra ruina paguen en las cárceles sus desmanes. Somos los segundos en el ranking mundial de la pobreza infantil por detrás Rumania. Pero cuando hablamos de pobreza infantil, estamos hablando de pobreza familiar. Somos el tercer país que más ha bajado los sueldos en el mundo y el segundo en precariedad: se pone a los profesionales en la calle para contratarlos un mes después por la mitad del sueldo que ganaban. Los sueldos han bajado una media del 10% y los sueldos de los dirigentes han subido un 7%. Mientras tanto, la deuda del Estado sigue subiendo y estamos en una deuda pública en España en 2013 que ha sido de 960.640 millones de euros, ha crecido en 75.987 millones de euros desde 2012 hasta llegar al 93,96 del PIB. Y, a pesar de todo esto y de los muchos recortes sociales, nos dicen que somos un ejemplo de gestión para el resto de Europa.

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París, mayo de 2010

El problema de Francia es el empleo y el crecimiento, no el déficit

JOAQUÍN ESTEFANÍA  El PaísMadrid 21 ABR 2014 - 00:57 CET

Sin necesidad de una reunión previa del Ecofin o del Eurogrupo, sin telefonazos de Obama o del primer ministro chino, el jefe de Gobierno francés, Manuel Valls, ha certificado el fin de la “vía francesa hacia la austeridad” y la alineación del país con la política económica del resto de Europa, que hegemoniza Alemania. Todo recuerda a lo que sucedió en España a partir del 9 de mayo de 2010, cuando Zapatero dio un giro copernicano a su política económica ante la posibilidad inmediata de una intervención. La Francia socialista inicia así, con varios años de retraso, un parecido camino al de la España socialista.

Hay analogías pero también diferencias entre el mayo español de 2010 y el abril francés de este año. Entonces fueron 15.000 millones de euros de recortes (congelación de las pensiones, reducción del sueldo de los funcionarios, fin del cheque-bebé, limitación de la inversión pública, no a la retroactividad en los pagos a la dependencia,…); ahora son 50.000 millones en tres años (pensiones, sueldo de los funcionarios, protección social, disminución de las administraciones públicas…). En aquel momento, en España se pretendió no tocar tres de los pilares del Estado de Bienestar, educación, sanidad y seguro de desempleo (que luego también serían amputados por el PP). Francia salva sobre todo su educación, lo que es muy digno de subrayar.

Mayo de 2010 supuso el principio del fin de Zapatero y el anuncio de la debacle electoral socialista año y medio después. Los socialistas franceses salen de una catástrofe muy reciente en las municipales y parecen elegir el suicidio para las elecciones europeas con estas medidas (contestadas en su propio partido y en el resto de la izquierda política y sindical). ¿Tan fuerte es el poder alemán (ahora trufado por la presencia de los socialdemócratas en el gobierno de la señora Merkel), que desde hace tiempo está practicando las “políticas de perjuicio al vecino” que denunció la economista Joan Robinson?

El PSF, como antes el PSOE, se ha confrontado a dos legitimidades distintas: lo que le exige Bruselas (un calendario concreto en la reducción del déficit, reformas estructurales) y lo que se comprometió con sus votantes en las últimas elecciones generales: ampliar el plazo de consolidación fiscal, subidas de impuestos en vez de reducciones del gasto público al tener esta fórmula menos efectos recesivos, reformas estructurales pactadas con los agentes sociales, un Pacto de Competitividad para generar empleo masivo, sobre todo entre los jóvenes, etcétera.

Hollande ganó las elecciones porque sus votantes (y mucha otra gente de la izquierda europea) entendieron que resistiría el austericidio procedente de Berlín, Francfort y Bruselas, dado el poder económico y político de Francia. Lo que habían perpetrado con Grecia, Portugal, Irlanda, y en otro grado con España e Italia, no lo podrían repetir con Francia. En ese choque de legitimidades, Hollande y Valls se han comprometido con la vía de Bruselas y han abandonado su programa. Un colectivo de diputados socialistas ha concluido que el paquete es “contrario a los compromisos adquiridos con los electores”.

Lo paradójico es que hoy el primer problema económico de Francia se denomina estancamiento y ausencia de empleo, no déficit excesivo. El PIB creció el año pasado tan sólo un 0,3% y se estimaba, antes de estas medidas de ajuste, que en 2014 sería sólo de un homeopático 1%. El paro está cerca del 11% de la población activa, y en una tendencia ascendente, mientras que el déficit público cerró el año pasado en un 4,3%.

El Observatorio Francés de Coyuntura Económica, perteneciente a la prestigiosa Sciences Po, estima que los recortes restarán un 0,9% al crecimiento del PIB de este año (se quedaría tan sólo en una décima), y 0,7 puntos al de 2015. Dado el peso que la economía francesa tiene en la zona euro, este estancamiento afectará a las economías del resto de la zona, tan necesitadas de estímulos externos.

Pero lo más significativo es que Hollande, como antaño Mitterrand , y como en España Zapatero y Rajoy (en este caso, gobiernos de distinto signo ideológico) no han podido aplicar sus políticas para salir de la crisis y les han impuesto otras. Cambian los gobiernos pero no las políticas, y eso lo ven los ciudadanos.

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Bocanadas

DAVID TRUEBA  El País20 ABR 2014 - 23:40 CET

Los secretos de la circulación de la sangre del cuerpo humano se dieron a conocer casi dos siglos después de descubrir que la Tierra se movía alrededor del Sol. Así que no por estar más cerca conocemos mejor el funcionamiento de los organismos. Quizá esto explica que en plena regresión económica europea no tengamos aún una conciencia clara de cómo funciona la circulación financiera en nuestro continente. La semana pasada hemos asistido a la muy favorable subasta de bonos del estado griego. En ella se colocaron 3.000 millones de euros en bonos a cinco años y sirvió para que los analistas festejaran los inicios de una recuperación inducida. Pero los organismos reguladores lograron este éxito con truco, con lo cual se han abierto más interrogantes que respuestas. Se maneja el terror y el estímulo como si fuera un engranaje estudiado al milímetro.

Esta bocanada de aire para la deuda griega ha coincidido con la remodelación del gobierno francés y el anuncio de un plan de ahorro estatal en el país vecino. Conocemos el funcionamiento de ese mecanismo, porque lo utilizan los partidos en el gobierno para dotarse de oxígeno, pero finalmente se asfixian en su propia reforma. Las democracias no parecen tener otra opción que recurrir a esos pulmones artificiales que les ofrece el sistema financiero. Según se tercien los intereses, al paciente se le informa de que está al borde del precipicio o en el camino de la salvación dependiendo de si es más conveniente enseñarle el principio del túnel o el final. Los medios, en este juego de perspectivas trucadas, aceptan el papel y presentan como un beso lo que es en realidad un boca a boca.

Los ciudadanos se sienten algo mareados, bamboleados de un extremo a otro de la cubierta de un barco en zozobra. La mayor sorpresa es que casi nadie tenga una receta distinta más allá de discursos tremendistas, nacionalistas o colectivistas. Y en lugar de estudiar, todos andan demasiado ocupados en la próxima campaña electoral. Más temprano que tarde, en lugar de pedirles el voto, sería conveniente que ofrecieran un modelo de economía social donde las personas fueran devueltas al papel protagonista y no al de figuración sin frase como masa movida por órdenes de megáfono.

"La derecha tiene los recursos para aprovecharse de la crisis a su favor"

"La derecha tiene los recursos para aprovecharse de la crisis a su favor"

El politólogo Ignacio Sánchez-Cuenca publica La impotencia democrática(Catarata)

"Con el sistema institucional que hemos creado con el euro, estamos atados de manos"

"Los países del sur tienen que lanzar un órdago a la UE: si cambian los términos, nos quedamos; si no, es mejor irse"

"Sobre la carroña que produce la crisis, vuelan unos buitres dispuestos a lanzarse a ver cuál coge la mejor parte"

David Noriega Follow @david_noriega

07/03/2014 - 20:53h

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Ignacio Sánchez-Cuenca, profesor de Sociología en la Universidad Complutense. / Marta Jara

Los parámetros que indican la confianza en la política y las instituciones se desmoronan mientras los ciudadanos no perciben mejoras en el panorama europeo. Pero aunque las crisis económica y política han avanzado a la par, “son cosas independientes”. Así lo plasma el director del Instituto Carlos III-Juan March de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid y profesor de Ciencia Política, Ignacio Sánchez-Cuenca, en su último libro, La impotencia democrática(Catarata).

En él, el autor hace un repaso a la impotencia de los políticos ante la crisis frente a organismos no democráticos, como el Banco Central Europeo; el poder del euro, que nos ha llevado a una "ratonera"; las diferencias y similitudes de los países deudores con "problemas similares con instituciones nacionales distintas" y la excusa de la crisis para llevar a cabo reformas ideológicas.

¿El deterioro de la imagen política que muestran las encuestas viene condicionado por la crisis económica?

Sí, claramente. Yo creo que no es problema de las instituciones ni de cómo funciona el sistema político español, sino de la incapacidad para hacer frente a la crisis. Esto se manifiesta de dos formas. Por un lado, la gente percibe que la gestión es injusta y, por otro, que los gobiernos no tienen margen de maniobra suficiente. Esta combinación de las dos cosas, injusticia e impotencia, hace que haya una desafección enorme hacia la política.

Defiende en el libro que los políticos también se sienten impotentes. ¿En qué se basa esa impotencia?

La impotencia de la política europea tiene dos patas. Una es la globalización, que está más allá de nuestro control. La otra es el sistema institucional que hemos creado con el euro, con el que estamos atados de manos. Nos hemos metido en una aventura con mucha incertidumbre y ahora descubrimos que esto tiene consecuencias negativas, pero nadie se atreve a plantear la marcha atrás porque supondría unos costes que muchos dicen que son enormes. Estamos metidos en una ratonera.

¿Dónde queda la democracia en unos gobiernos soberanos que deben acatar –o acatan– las decisiones de organismos no democráticos, como el Banco Central Europeo?

Cuando las cosas iban bien, la importancia del BCE no aparecía en el debate público porque no hacía falta recurrir a él. Cuando las cosas han empezado a ir mal, descubrimos que el actor más poderoso dentro de Europa es una institución tecnocrática, no democrática, no electa.

La clase política europea admite esto con total naturalidad y la opinión pública, arrastrada por las ideas de las élites, no se cuestiona la monstruosidad que supone que las decisiones fundamentales sobre el futuro de nuestros países las tome un organismo que no responde ante la ciudadanía. Bajo un punto de vista democrático, me parece una barbaridad.

Propone poner en una balanza las ventajas y desventajas de continuar en la zona euro. ¿Hacia dónde cree que se inclinaría esta balanza?

El problema de hacer el cálculo de pros y contras es que no tenemos la menor idea de las consecuencias de salir del euro. No hay precedentes. Los economistas ortodoxos y liberales dicen que los costes serían inasumibles, estratosféricos y que, por lo tanto, no vale la pena plantearlo. Pero cada vez hay más ciudadanos que piensan que debe someterse a debate. En España y en Grecia, ahora mismo, hay alrededor de un 30% de ciudadanos que piensan que el euro es perjudicial para nuestros países. Y esa cifra, en ausencia de debate público. Si hubiera un debate con argumentos y posiciones enfrentadas, probablemente el porcentaje sería mucho mayor.

Portugal, Grecia, Irlanda… Afirma que la crisis de las instituciones no es exclusiva de España. ¿Qué similitudes y diferencias tienen estos países?

Los problemas económicos son muy parecidos: crecimiento de la desigualdad, falta de crecimiento económico, altos niveles de paro, falta de legitimidad del sistema político. Y, sin embargo, lo que tienen muy distinto son sus sistemas institucionales. Hay países cuasi-federales, como España, y países muy centralizados, como Portugal o Grecia. Hay países con sistema proporcional, como España, Grecia y Portugal, pero también está Irlanda, que tiene un sistema muy distinto.

Los sistemas electorales, territoriales, de gobierno, son distintos. Por lo tanto, ahí no puede estar la clave del asunto. Pero tienen problemas similares. Y si tienen problemas similares con instituciones nacionales distintas, la clave no puede estar en las instituciones nacionales distintas. Yo creo que tiene que estar en otro lugar, y ese lugar es la crisis global del euro y el conflicto entre los países acreedores y los países deudores. Eso es lo que nos une con Grecia, Irlanda, Italia y Portugal.

Rompe una lanza a favor de los políticos al defender que no son los responsables directos de la crisis. Sin embargo, son ellos quienes recortan en servicios básicos y aumentan la carga fiscal a los ciudadanos. ¿Es normal que se cargue contra ellos?

Es completamente normal que se busquen responsables. La ira de la sociedad cristaliza en un rayo que va a parar a la cabeza del político. Pero si tomamos un poco de distancia, debemos entender que no son los únicos causantes de la situación. Los bancos centrales, las agencias de calificación y los economistas que toman decisiones en política económica han tenido mucha responsabilidad. Sin embargo, a este tipo de instancias jamás se les responsabiliza, o no de forma tan insistente como con los políticos.

Es curioso cómo quitamos poder a los políticos, porque no nos fiamos de ellos, y delegamos en agencias tecnocráticas, y, cuando vienen los problemas, les echamos toda la culpa a los políticos. Otra cosa distinta es que, una vez que se inicia la crisis, podrían haber tomado otro tipo de decisiones. Sobre todo, por lo que toca a la justicia del sacrifico en el reparto de las cargas. Ahí es donde tienen mucha responsabilidad. El Estado se ha ocupado de las deudas financieras y no de las de las familias. Esto resulta insoportable para mucha gente y es la principal causa del desafecto y la pérdida de confianza en las instituciones.

Sánchez-Cuenca, autor de 'La impotencia democrática'. / Marta Jara

Los dos grandes partidos caen en las encuestas y la crítica al bipartidismo permanece latente en un amplio sector de la sociedad. ¿Se podría acabar con esta tendencia en las próximas elecciones?

Los sistemas de partidos, en general, tienen mucha inercia. Es muy difícil cambiarlos. Tanto, que sólo se cambian en condiciones realmente extremas. Tenemos el hundimiento del sistema de partidos en Venezuela, que abre la puesta a Chávez, o el escándalo de Tangentópolis, que hace estallar el sistema de partidos italiano. Son dos casos muy excepcionales, porque lo normal es que estas transformaciones sean muy lentas.

En España, los ciudadanos han comprobado que no hay soluciones ni con el Gobierno del PSOE ni con el del PP. Quizás en las próximas generales veamos una erosión del bipartidismo pero yo creo que, para llegar ahí, los ciudadanos tienen que convencerse de que el problema era que ninguno de los dos tiene capacidad real para arreglar el problema.

Si ni el PP ni el PSOE son la solución y afirma que los gobiernos están maniatados por el euro, ¿cuál es la solución si el que llegue también estará maniatado?

Sí, también estará maniatado. La solución tiene que venir de un reajuste de las relaciones de poder dentro de Europa. La situación actual, gobierne quien gobierne en el sur de Europa, no va a conseguir sacar al país de los problemas en los que está metido ahora.

¿Es posible ese reajuste?

Para que realmente cambie algo en la UE, los países del sur tienen que lanzar un órdago. Decir: "Nosotros estamos encantados de participar en la empresa europea, pero no en estos términos. Si cambian los términos, nos quedamos; pero, si seguimos así, es mejor irse". Esto exige que los países del sur formen una coalición de países deudores y hagan valer sus posiciones en las instituciones europeas.

El problema es que los países del sur aceptan pasivamente que se nos someta a estas curas de austeridad y a estos recortes, por lo que no hay ningún incentivo ni razón para que los países del norte cambien de posición. La única resistencia es la ciudadana, pero no alcanza el nivel suficiente de presión como para meter miedo a las instituciones europeas y a los países acreedores.

En cuanto a la crisis política, se reconoce escéptico ante las propuestas regeneracionistas.

Soy escéptico respecto a las reformas electorales y de los partidos. No creo que cambiando el sistema electoral vaya a cambiar mucho ni el funcionamiento de la política ni el funcionamiento de la economía. Y tengo también grandes dudas sobre la posibilidad de acabar con la corrupción por medios puramente institucionales.

Los países menos corruptos son aquellos que tienen un mayor índice de lectura de periódicos entre la ciudadanía. Eso exige una transformación social que, por necesidad, va a ser lenta. Podemos cambiar las leyes y el código penal, pero me temo que eso no tiene un impacto a corto plazo sobre las conductas que observamos en la política y en la sociedad.

¿Se puede salir de la crisis económica sin salir de la política?

Son cosas independientes. Con las mismas instituciones, los mismos niveles de corrupción y amiguismo político, y la misma falta de competición económica en los grandes sectores energéticos, de telecomunicaciones o de banca, hemos tenido fases de crecimiento, de recesión y de crisis. España podría salir de la crisis si se arreglara el panorama europeo. Otra cosa es que se podría crecer aún más si tuviéramos mejores instituciones. Pero la reforma electoral, la constitucional, la del Estado o la de las autonomías no son una precondición para salir de la crisis. Hay otros motivos para estar a favor de que se hagan esas reformas. Ligarlo a la crisis económica es un movimiento oportunista.

¿Se está utilizando la crisis económica como excusa para aplicar reformas ideológicas?

La crisis la utiliza todo el mundo. La derecha, para reducir el Estado de bienestar y la parte redistributiva del Estado, los liberales quieren un sistema con mucho más peso de la iniciativa privada y desde la izquierda también hay un enfoque oportunista claro cuando dice que hace falta un proceso constituyente para salir de los problemas actuales. Sobre la carroña que produce la crisis, vuelan unos buitres dispuestos a lanzarse a ver cuál coge la mejor parte. La diferencia está en que la derecha está en el poder y tiene recursos para aprovecharse de la crisis a su favor.

El ejemplo perfecto es la reforma de las pensiones. Aparece un problema muy grave de solvencia, producido fundamentalmente por una caída brutal en los ingresos públicos, sobre todo los del impuesto de sociedades. En lugar de solucionarlo, el Gobierno de Zapatero primero y el de Rajoy después, plantean una reforma de las pensiones, que es un problema que surgirá a medio o largo plazo, dentro de 20 o 30 años.

Aquí se ve claramente cómo los poderes se aprovechan de la crisis para hacer reformas que no son urgentes, pero que afectan a una clase trabajadora en una posición más débil, mientras avanzan con mucho cuidado para no enfrentarse a ciertos poderes económicos mucho más fuertes, pero cuyas reformas son mucho más necesarias a corto plazo.

¿Tienen los políticos miedo a este malestar general?

Deberían tenerlo, pero creo que, en el fondo, una lección que hemos aprendido con la crisis es que, en las sociedades más desarrolladas, la capacidad de aguante es mucho mayor de lo que pensábamos. En una sociedad donde los niveles de renta per cápita continúan siendo elevados, con un 80% de familias con un piso en propiedad o con activos financieros y acciones, la reacción ya no es la revuelta, sino la alienación. Eso, en el fondo, produce mucha tranquilidad a la clase política. Ha habido manifestaciones y expresiones de malestar y protestas puntuales, como Gamonal, o más amplias, como el 15M, pero no hay realmente una amenaza que haga peligrar el sistema.

Dice textualmente: "No queda más remedio que decretar el fin de una etapa". ¿Hacia dónde y por qué camino vamos?

Nos dirigimos a un país mucho menos cohesionado, donde las desigualdades que estamos viendo han venido para quedarse mucho tiempo. Aproximadamente, habrá un 30% de la población a la que le irán bien las cosas, que se va a aprovechar de la globalización, de la unión monetaria, de hablar idiomas, de tener un alto nivel de capital humano. El otro 70% se quedará descolgada en un estado de precariedad preocupante.

Si se produjese una mejora real de la economía que los ciudadanos apreciasen en su día a día, ¿se olvidarían las reivindicaciones políticas?

Es terreno especulativo, pero yo diría que, en gran parte, sí. El ejemplo que me gusta mencionar es el de la crisis de los años setenta en Europa, cuando se publicaron estudios tanto desde la derecha como desde la izquierda anunciando el fin de las democracias y del Estado de bienestar.

Cuando volvió el crecimiento económico, todos esos cánticos que auguraban el final de una etapa se apagaron. Hubo un cambio muy importante en el terreno económico con el ascenso del neoliberalismo, que cambió radicalmente el escenario mundial, pero fue más un cambio socio-económico que institucional. Y yo diría que ahora va a pasar lo mismo.

Asalto católico

COMUNIDAD VALENCIANA JUANMANUEL JÁTIVA Valencia 19 MAY 2013 - 21:57 CET 9

Solo el alumnado de la Universidad Católica accede a prácticas públicas 

Compromís denuncia la cesión de recursos como el Instituto de Medicina Legal

Los únicos estudiantes que hacen prácticas en el Instituto de Medicina Legal de Valencia son los de la Universidad Católica San Vicente Mártir, en virtud del convenio firmado en marzo de 2008 por esta institución privada y la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas. Cuando están a punto de titularse los primeros graduados en Medicina de la San Vicente Mártir, el grupo parlamentario Compromís ha pedido la comparecencia del consejero de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, para que explique la ejecución del convenio firmado hace cinco años, recién creada la facultad de la Iglesia. 

Para la portavoz de Compromís, Mónica Oltra, este convenio pretende otorgar "un valor añadido" a los estudios de Medicina de la Universidad Católica, al permitir que sus alumnos reciban formación en los institutos de medicina legal de Valencia y Castellón "sin que para ello esta universidad privada tenga que compensar económicamente a la Administración pública" y"mientras aplica severos recortes en la educación pública". El convenio entre ambas instituciones no recoge, efectivamente ningún tipo de compensación económica. Sí que se refiere, sin embargo, a la "colaboración en el desarrollo e impartición de los títulos oficiales y propios, incluyendo másteres propios, oficiales y universitarios de la UCV en el ámbito formativo de la medicina forense". 

Son varios los cargos o funcionarios del Instituto de Medicina Legal de Valencia que figuran enla oferta docente de la Universidad Católica. Por ejemplo, ocho miembros del instituto participaban en el título de Experto Universitario en Ciencias Forenses que se impartió en 2011. Entre ellos, el director del instituto, Matías Vicente; el subdirector, Juan Giner Blasco y el jefe de servicio Enrique de Francisco Enciso. También Cristina de la Presentación, entonces médico forense de la entidad pública y actualmente vicedecana de la facultad de Medicina. Los tres primeros imparten actualmente el máster en Derecho Sanitario, con prácticas en el Instituto de Medicina Legal. 

Un profesional del instituto que prefiere que su nombre no aparezca, asegura que existe malestar porque con este convenio "no obtiene ningún beneficio" la entidad como tal y porque la dedicación de algunos miembros a tareas docentes hace que recaiga sobre otros la sobrecarga de trabajo. Como contrapartidas, en el anexo del convenio figura que "los profesionales que ejerzan como tutores de prácticas tendrán la posibilidad de realizar, al menos una vez por curso escolar, una acción formativa remunerada de la UCV" y, también, que"tendrán preferencia para su contratación como profesores de las distintas asignaturas de las licenciaturas impartidas por la UCV". 

A la espera de la comparecencia del consejero Serafín Castellano, la diputada Mónica Oltra subraya que "la Universidad Católica de Valencia ha contado desde sus inicios con el apoyo incondicional del gobierno del PP, que a base de prebendas ha favorecido su expansión". Recuerda que la Facultad de Medicina se puso en marcha en 2008 contra el criterio de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), "debido a sus graves carencias en medios materiales y humanos". Esas carencias, añade, "han sido suplidas por el Gobierno del PP con la cesión de recursos públicos como poner a su disposición los institutos de medicina legal". La Universitat de València carece de convenio con el Instituto de Medicina Legal, que estuvo ubicado en su Facultad de Medicina hasta el traslado a la Ciudad de la Justicia.

La avalancha de lo feo

El deslugar

 MANUEL RIVAS - El País, 3 mayo 2013

Chagall se sumó con ilusión a la revolución soviética en sus primeros tiempos. Abrió gratis a la gente su taller artístico y hombres y mujeres pintaron caballos de colores para engalanar los balcones el primero de Mayo. Pero al año siguiente, los burócratas trasladaron al pintor la consigna de que en lugar de caballos en las pancartas deberían figurar los retratos de los nuevos dirigentes, con trazos monocromos y el rictus grave de la mirada histórica. La multitud coreaba los nombres de los rostros severos, pero los ojos añoraban los caballos de colores.

En 'La vida simple', Sylvain Tesson, lanza una tesis inquietante: “La avalancha de los pueblos hacia lo feo fue el principal fenómeno de la mundialización.” La regresión que estamos viviendo en España presenta también esa dimensión estética: la avalancha de lo feo. En la pobreza, el tamaño de la fealdad es pequeño. La gran fealdad cuesta una pasta. En todos los registros de mansiones y guaridas de corruptos hay una coincidencia: aparecen piezas de animales disecados. Los cadáveres de los caballos de colores. No me extraña que la nueva insurgencia artística elija como materia prima las boñigas. En los centros financieros de las ciudades habría que erigir grandes monumentos de excrementos. La modesta utopía de la transición era transformar el deslugar inhóspito y feo en un lugar amable, cívico, de política decente, preservada de los depredadores. Pero esa laboriosa tarea está siendo destruida cada día por la avalancha de lo feo, en un proceso de deforestación mental, que parece ir ocupando todo. Hay incluso quien pone los huevos para que el futuro sea el kitsch de Aguirre y su capitalismo caníbal. Por eso el 2 de Mayo ya lo han celebrado jubilando a la fuerza a 700 médicos en Madrid. Solo un gran pacto, que incluya a catalanes y vascos, puede frenar el dopaje de España como un deslugar.

¿Se ríen de nosotr@s?

La injusticia

Tag: Estrategias oblicuas - 26/01/2012- Ignacio Escolar @ 6:06 am

« Camps, no culpable. http://t.c… | La mala educación »

La injusticia más terrible no es que Camps haya sido declarado “no culpable” mientras el juez que destapó la Gürtel, Baltasar Garzón, probablemente vaya a ser condenado. La verdadera y flagrante injusticia es que el presidente que contrató 14 millones de euros con su “amiguito del alma”, que pagó 15 millones por una maqueta y un proyecto de un rascacielos jamás construido de Santiago Calatrava o que entregó otros dos millones a Urdangarin, sólo haya sido juzgado por una anécdota menor, por los 12.000 euros en trajes.

Camps también era el máximo responsable de un partido, el PP valenciano, que aún está pendiente de un juicio por presunta financiación ilegal. Camps sigue siendo el político que mintió cuando dijo que ese Bigotes al que después supimos quería “un huevo” era un señor al que no conocía de nada. Camps era el mismo presidente de la Generalitat Valenciana que confiaba de manera tan ciega en el Bigotes que incluso su número dos en el partido, Ric Costa, pedía al hombre de la Gürtel en Valencia que intercediese en su favor, que susurrase su nombre en el oído del jefe para lograr un ascenso.

Camps no es culpable –dice el jurado Popular, en proporción similar al veredicto de las urnas–, mientras que sus subalternos, Campos y Betoret, se autoinculparon; el propio Camps estuvo a punto de aceptar la condena, como le aconsejaba el PP, que ahora clama por su inocencia. ¿Volverán a nombrarle presidente de la Generalitat Valenciana (técnicamente es posible, nunca abandonó su escaño)? ¿Lo recuperará Mariano Rajoy como ministro? ¿Lo canonizarán en vida ante el más que evidente milagro? No lo pierdan de vista. La vergüenza nacional que provoca el circo de las tres pistas de la Gürtel aún no se ha terminado.

Esto es la derecha xxv

jul23

Las mamandurrias de Aguirre

Tag: Estrategias oblicuas — Ignacio Escolar @ 17:23

« La intervención de bajo coste |

Se queja Esperanza Aguirre del gasto público desaforado y pone como condición imprescindible su purga y poda para evitar “un corralito”. “Se tienen que terminar los subsidios, las subvenciones y las mamandurrias“, dice una política supuestamente liberal que sacó su plaza de funcionaria hace 36 años, que jamás ha trabajado en el sector privado y que vive subida en un coche oficial desde hace casi dos décadas.

¿Mamandurrias? ¿Lo dice por Fundescam, la fundación con la que su partido financió irregularmente sus primeras elecciones, las del tamayazo, con donaciones de empresarios que después recibieron sustanciosos contratos públicos, como Arturo Fernández o Gerardo Díaz Ferrán? ¿Se refiere a los 630 millones que anualmente perdona la Comunidad de Madrid a los más ricos en concepto de impuesto de Patrimonio (es la única autonomía, junto a Baleares, que no cobra este impuesto)? ¿Cuestiona entonces las ayudas a los toros? ¿Los fondos públicos para la escuela privada, que son en Madrid mayores que en cualquier otra autonomía? ¿Esos 90 millones de euros anuales en subvenciones fiscales a la enseñanza de pago de algunos que salen de los impuestos de todos?

¿Habla acaso del Senado, que ella misma presidió? ¿Se refiere tal vez a esos 130 millones que el año pasado pagó de más la Comunidad de Madrid a los hospitales privados? ¿A la Gürtel, donde el Gobierno y el partido regional que ella preside tiene el récord de imputados? ¿Al sueldo de su hijo, conde de Villariezo y asesor del Ministerio de Economía? ¿O es una crítica a los enchufados del PP en Bankia y Caja Madrid, donde ella tuvo mucho que decir, cuya gestión ha dejado un enorme agujero a pagar por todos los españoles y nos ha colocado al borde de la bancarrota nacional?

Mamandurria. ¿Y tú me lo preguntas? Mamandurria eres tú.

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mamandurria.
(De mamar).
1. f. Sueldo que se disfruta sin merecerlo, sinecura, ganga permanente.

Sorteando la Ppropaganda: Las pensiones no están en peligro

Sorteando la Ppropaganda

VICENÇ NAVARRO 6 FEB 2013 - 00:00 CET

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EDUARDO ESTRADA

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Una postura generalizada en los círculos políticos, mediáticos y financieros del país es que el sistema público de pensiones se encuentra ante un gran reto determinado por la transición demográfica. Se argumenta que la transición demográfica, con un crecimiento muy acentuado de la población anciana, hace difícil sostener el sistema de pensiones públicas. Así, este rotativo apuntaba en un reciente editorial, Pensiones consensuadas (EL PAÍS, 30 de diciembre de 2012), que “el sistema actual de pensiones es insostenible por (…) la presión de la demografía, que empuja la población hacia edades más altas”.

Y también en este diario se han publicado varios artículos, que todos ellos subrayaban que, de no cambiar el sistema de financiación de las pensiones públicas y/o la extensión de sus beneficios, el gasto público en pensiones, debido a la transición demográfica, alcanzará unos niveles en 2050 que serán insostenibles.

Tal preocupación se basa en el supuesto de que, al haber más ancianos y menos jóvenes, estos últimos no podrán sostener las pensiones de los primeros. En otras ocasiones, este mismo argumento se presenta de otra forma que pone el acento en que el número de beneficiarios de las pensiones será cada vez más grande que el número de cotizantes al sistema de pensiones, con lo cual se llegará a una situación en que no habrá suficientes cotizantes para tantos beneficiarios. Tales argumentos parecen lógicos y razonables y su frecuente repetición en los medios explica que haya adquirido una gran credibilidad. Por regla general, se añaden a estos argumentos otros igualmente preocupantes. No solo el número de beneficiarios ha aumentado y continúa aumentando considerablemente, sino que el número de años de vida por pensionista también ha estado aumentando, con lo cual el gasto público en pensiones se está disparando, prediciéndose unos niveles de gasto público que las hará insostenibles.

El porcentaje de población activa también habrá aumentado dentro de cuarenta años

En estos argumentos, sin embargo, no se tienen en cuenta varios hechos. Uno de ellos, de especial importancia, es el del aumento de la productividad, es decir, que un trabajador dentro de 40 años producirá mucho más que un trabajador ahora. Para comprender la importancia de este hecho, el lector tiene que conocer que hace 40 años el 18% de los españoles adultos trabajaba en la agricultura. Hoy solo el 2% lo hace, y este 2% produce mucho más de lo que producía hace 40 años el 18% de la población que trabajaba en agricultura. Un trabajador agrícola ahora produce más alimentos de los que antes producían nueve trabajadores, y ello como consecuencia del enorme crecimiento de la productividad. Se habría percibido como una observación innecesariamente alarmista si hace 40 años economistas famosos hubieran escrito en rotativos de gran difusión que, como consecuencia de que los trabajadores estaban abandonando el campo, habría menos producción de alimentos, con lo cual, al cabo de 40 años, la gente de España moriría de hambre.

Pues bien, sustituyan alimentos por pensiones y vean el posible error que significa alarmar a la ciudadanía argumentando que dentro de 40 años no habrá suficientes trabajadores para sostener las pensiones. Los datos supuestamente alarmantes aparecen cuando se indica que el número de cotizantes por beneficiario está disminuyendo, reduciéndose (según varias estimaciones) por ejemplo a la mitad en el año 2050. Ahora bien, es fácilmente demostrable que esta disminución que se considera tan preocupante, en realidad no lo es, ya que es más que probable que un trabajador producirá casi el doble en 2050 que ahora, con lo cual podría mantener casi al doble de pensionistas. Es más, el porcentaje de la población activa habrá aumentado, pues hoy es de los más bajos de la Unión Europea de los 15, ¿dónde está, pues, el problema?

El mismo error aparece cuando se alarma a la población indicando que en 2007 nos gastamos el 8% del PIB en pensiones y dentro de 40 años nos gastaremos el 15%, lo cual se asume como que es insostenible en una sociedad que tiene recursos limitados (por cierto, Italia ya se gasta el 14% del PIB en pensiones públicas y el sistema no se ha colapsado). El error de todas estas tesis alarmistas es que se asume, de nuevo, que la productividad apenas variará.

Si la productividad creciera un 1,5% por año, que es el promedio de crecimiento en los últimos 50 años, el PIB de España en 2060 sería 2,20 veces mayor que en 2007 (en monedas constantes, es decir, que la capacidad adquisitiva real habrá más que doblado la actual). En otras palabras, si en 2007 el PIB era, por ejemplo, 100, en 2060 sería 220. Pues bien, si en pensiones nos gastamos en 2007 un 8% del PIB, es decir, 8 puntos del PIB —dejando para los no pensionistas 92 puntos—, en 2060 nos gastaremos el 15% de 220, es decir, 33 puntos en pensiones, quedando para los no pensionistas 187 puntos, muchos más que los 92 de 2007. En realidad, hace 50 años nos gastábamos el 3% del PIB en pensiones, y en 2007 nos gastamos el 8%. Hemos casi triplicado el gasto en pensiones y, sin embargo, los recursos para los no pensionistas también han aumentado, pues el tamaño de la tarta es mucho mayor ahora que hace cinco décadas.

Para consolidar la Seguridad Social hay que facilitar la participación laboral de las mujeres

Que no haya problemas graves en las pensiones públicas no quiere decir que no deban hacerse reformas, pero estas no deberían ir en el sentido de reducirlas. Una medida aconsejable para aumentar los fondos a la Seguridad Social y mejorar las pensiones es facilitar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. En España, el porcentaje de la población que trabaja es bajo. Y en parte esto se debe a dos factores. Uno es el bajo porcentaje de la población adulta que trabaja en el sector público (en 2007 el 10%, uno de los más bajos de la UE-15, cuyo promedio es del 15%). En contra de lo que se dice, el sector público (y, muy en particular, en los servicios públicos del Estado del bienestar, tales como sanidad, escuelas de infancia, educación y servicios sociales, entre otros) está poco desarrollado y tiene escaso personal, y ello se traduce en el bajo porcentaje de la población que trabaja en él. Y el trabajo crea la necesidad de producir más trabajo.

El otro factor (relacionado con el anterior) es la baja participación de la mujer en el mercado de trabajo (52%). Si España tuviera el porcentaje de Suecia, habría 2,8 millones más de trabajadoras pagando impuestos y cotizaciones sociales. Para ello se debería expandir el cuarto pilar del Estado del bienestar, de modo que se incluyera el derecho de acceso a las escuelas de infancia, además de los servicios domiciliarios a personas dependientes. Y, naturalmente, se debería hacer al hombre corresponsable de las obligaciones familiares. Y sobre todo, invertir en infantes y jóvenes, pues ellos son los futuros cotizantes que financiarán las pensiones del futuro.

Deberían también corregirse las inequidades existentes en la financiación de las pensiones. Es injusto que uno de los banqueros más importantes de España pague a la Seguridad Social un porcentaje mucho menor que un empleado de su banco. Como también es injusto que una persona trabajadora no cualificada (que vive 10 años menos que una persona de la decila superior de renta) tenga ahora que trabajar dos años más para pagarle las pensiones a la persona que le sobrevivirá 10 años. En realidad, el incremento de la esperanza de vida se ha concentrado en los últimos 40 años en las rentas superiores, habiendo sido menor en las rentas inferiores. Estos deberían ser los temas que centraran el debate actual sobre las pensiones: la creación de empleo y sobre todo, buen empleo, y la corrección de las desigualdades en la financiación de las pensiones.

Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

Esto es la derecha xxiv

"NO USARÉ RECURSOS PÚBLICOS PARA HACER CAMPAÑA", PROCLAMA Feijóo utiliza medios públicos para negar que él haga campaña con recursos oficiales VIERNES, 5 DE OCTUBRE DE 2012   MANUEL ARIAS

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, ha utilizado la tribuna y las instalaciones oficiales de que dispone en función de su puesto como Presidente de la Xunta de Galicia para negar que piense hacer campaña utilizando los medios oficiales. Según Feijoo, sólo empleará recursos del PP y dinero facilitado por sus militantes. Excepto ayer, claro.

Núñez Feijoo, en la rueda de prensa en la que debería informar de lo tratado en el Consejo de Gobierno de la Xunta, no ha tenido el más mínimo problema en realizar todo tipo de declaraciones publicitarias y de pre campaña política,
Así, desmintiendo con los hechos lo que estaba afirmando, ha presumido de que no hará campaña electoral con aviones oficiales o del Ejército, sino que empleará “recursos del partido y de afiliados". Asimismo, ha utilizado el altavoz oficial para explicar que los carteles de su candidatura, en contra de lo especulado, sí llevarán el logotipo del PP.

Feijoo, desde luego, ha reconocido que estas cuestiones "rayan" (sic) los asuntos de partido, pero como tenía muchas ganas de contestar, lo ha hecho, utilizando una sala oficial, y unos periodistas convocados a través de los canales oficiales de prensa de la Xunta, costeados por todos los gallegos. El líder derechista quería salir al paso del impacto ,mediático provocado por una foto suya en un jet de un millonario gallego publicada por varios medios de comunicación y la ausencia de las siglas y de la gaviota en la pancarta con la que se presentó su lema de campaña en la pasada jornada.

Evidentemente, cuando sus amigos tienen aviones que ponen a su disposición, Feijoo puede afirmar solemnemente que "no voy a usar nunca fondos públicos para hacer campaña, no lo hice nunca y no lo voy a hacer. Acudo con recursos del partido o de afiliados del partido, no usaré el coche oficial para ir a mítines como se hizo en otros años. Es lo que hice y seguiré haciendo, la legislatura acabará con la misma regla. Yo no usaré fondos públicos, ni me parece adecuado que otros usen aviones del Ejército o Falcon para acudir a los mítines", ha aseverado el dirigente popular.

Las campañas políticas del PP en Galicia, sistemáticamente, han estado envueltas en la polémica y, en las tres últimas elecciones el partido u entidades oficiales regidas por el PP han visto censuradas judicialmente diveras actuaciones publicitarias emprendidas con dinero de todos los gallegos con fines claramente partidistas. 

Legalizando la Delincuencia: las Z.E.E.

Favor de leer atentamente: este es el próximo saqueo que viene: legalizar la delincuencia y precariedad social para que un@s cuant@s se forren: de los frutos del expolio no quedarán, apenas, beneficios para la zona enajenada. ¡Atención Madrid!
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EL INFIERNO QUE OCULTA EL PARAÍSO DE LAS "ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES"

Pedro Olalla
Atenas

Dado que el negocio de la "crisis" va viento en popa, se acerca ya el deplorable momento de ver cómo, en Grecia, se convierte en cruda realidad la amenaza de las llamadas "Zonas Económicas Especiales": una amenaza visible hace ya tiempo, cuando las perspectivas de futuro que en este blog se analizaban sonaban para muchos a catastrofismo radical.

Hace ahora un año, Philipp Rösler, el joven vicecanciller de origen vietnamita del gobierno Merkel, visitó Grecia al frente de una delegación de empresarios alemanes y planteó abiertamente ante el gobierno griego la conveniencia de crear Zonas Económicas Especiales para atraer las inversiones extranjeras. Los ministros Venizelos y Chrysochoidis estuvieron de acuerdo en la idoneidad de zonas como el Epiro, Tracia, el Peloponeso y el Egeo Sur, pero la burocracia de Bruselas ha demorado hasta el momento el asunto, no tanto por principios éticos como recelosa de favorecer la "competencia desleal" dentro la propia Eurozona. No obstante, los muchos entusiastas de la idea (nacionales y foráneos) han seguido adelante, y, estos primeros días de septiembre, el Viceministro de Trabajo alemán, Hans-Joachim Fuchtel, se ha paseado por el Peloponeso sondeando el terreno y la disposición de autoridades y empresarios de cara al futuro inmediato. Claro está, en sus agendas de trabajo se evita aún utilizar abiertamente el término "Zonas Económicas Especiales", dado que puede despertar suspicacia, como ocurrió hace días en la isla de Leros. Es preferible hablar sencillamente de "inversiones", de "planes estratégicos de desarrollo regional" y, sobre todo, de "creación de puestos de trabajo": éste es el cebo con el que todos pican.

Como, por desgracia, el concepto de "Zona Económica Especial" está llamado a convertirse en uno de los trendies de los próximos años en los países europeos con dificultades financieras, conviene conocer a las claras lo que significa esta eufemística etiqueta. "Zona Económica Especial" es una zona concreta de un país donde las leyes que rigen en todo el territorio nacional son sustituidas por otras más afines a la conveniencia de los inversores que en ella se instalan. Para atraer el capital, las ZEE ofrecen, por lo general, los siguientes incentivos: importación de equipamientos y materias primas libre de aranceles, reducción drástica de los tipos impositivos o incluso exención de impuestos, legislación laboral eslástica, libre circulación de capitales, libre salida del país de beneficios obtenidos, subvención de gastos de transporte, subvención de gastos de contratación de personal, y régimen especial de concesión de licencias. A estos alicientes, se suma también el que el Estado facilita las infraestructuras necesarias en materia vial, de acometidas de agua y electricidad, de telecomunicaciones, de servicios sanitarios, etc. Y por si esto fuera poco, la administración del territorio de la ZEE la ejerce una persona jurídica de derecho privado cuyo principal accionista es, en una primera fase, el ayuntamiento o el gobierno regional de la zona donde se instala, y, más tarde, las propias compañías. Es decir, en la práctica, las "Zonas Económicas Especiales" son zonas del territorio nacional cedidas al control del inversor, que las administra de facto según su conveniencia.

Dejémonos de eufemismos y hablemos claro. Las "Zonas Económicas Especiales" nacieron como un invento de la city de Londres para dar continuidad al colonialismo, necesitado de renovar su imagen victoriana para poder seguir operando con éxito en las nuevas naciones "independientes". La primera ZEE se estableció a finales de 1979 en Shenzhen, entonces un pequeño puerto al norte de Hong Kong y hoy una selva de rascacielos cuyas cristaleras ocultan la explotación extrema y las muecas grotescas de la corrupción y del abuso como modus vivendi. Desde aquel primer experimento hasta la actualidad –gracias a la progresiva desregulación de los mercados y al progresivo aumento de la dependencia financiera de los gobiernos–, han sido declaradas en el mundo cerca de 4.000 Zonas Económicas Especiales.

La experiencia internacional pone de manifiesto cuál es la realidad en estos territorios: para el trabajador, jornadas laborales de entre diez y doce horas diarias (llegando en algunos momentos a alcanzar las dieciséis, según datos de la OIT), elasticidad de la jornada en función de la satisfacción de estrictos objetivos de producción (en las ZEE de China, se trabaja entre 54 y 77 horas a la semana), prohibición de establecer sindicatos, gran inseguridad laboral, condiciones de trabajo degradadas y ausencia total de posibilidades de promoción; para el inversor, exención casi total de impuestos y de obligaciones de participar en programas de desarrollo del país; explotación del territorio a largo plazo a cambio de porcentajes sobre el beneficio que en muy pocos casos alcanzan el 1%; aplicación de mecanismos (fast-track) para eludir normativas medioambientales, de patrimonio, de consumo y de seguridad; y ausencia absoluta de control estatal, lo que favorece el blanqueo continuo de ingentes capitales.

Quien quiera argumentar que las ZEE crean puestos de trabajo, debe saber cuáles son las condiciones del contrato; y, además, debe saber también que, si bien en un principio se contrata población local para favorecer la aceptación, la experiencia histórica demuestra que la práctica habitual es contratar mayoritariamente a emigrantes internos o externos por períodos no demasiado largos y a través de agencias privadas, que pueden llevarse en comisión hasta la mitad de su salario. Siguiendo la Directiva europea sobre normas y procedimientos comunes a los estados miembro para la repatriación de súbditos de terceros países (2008/115/EC), nuestras legislaciones se están preparando ya para que los inmigrantes ilegales en espera de resolución sobre su caso puedan recibir empleo en zonas concretas señaladas por determinadas instancias oficiales (para el caso de Grecia, Ley 3907/2011 37.5). Lean ustedes entre líneas.

Ahora que la "crisis" se extiende y se agudiza, que empiezan a buscarse fórmulas para pagar en especie lo que no se podrá pagar en dinero y que las fortunas de los paraísos fiscales reclaman nuevos paraísos de inversión, comenzarán a hablarnos de Zonas Económicas Especiales y de otros eufemismos como supuesto motor de desarrollo y "solución" a los problemas del país. Por eso, conviene abrir los ojos y conocer las experiencias de otras latitudes: para estar preparados, para que no nos vuelvan a engañar, y para no olvidarnos nunca de que esos "paraísos" son la otra cara de muchos infiernos.