Este sigue siendo el salvaje Este (PP) lxv

A) El colapso de la Sanidad Pública Valenciana

El Consell aplaza hasta el año 2015 el pago de miles de millones de euros del sistema de salud Expertos auguran que, si no se varía la política, los usuarios tendrán que pagar para ser atendidos

01/11/09 - 01:00

S. S. VALENCIA

Las 579 sentencias que, como ha revelado Levante-EMV, condenan a la Conselleria de Sanidad a pagar 413 millones de euros en facturas pendientes e intereses por suministro de material, son sólo la punta del iceberg, el primer síntoma de que el sistema público de salud valenciano está al borde del colapso.

Así se expresa Gregorio Martín, catedrático de Informática y Computación de la Universitat de València, quien, basándose en los datos de la propia Generalitat, no duda en asegurar que la sanidad valenciana "es insostenible" y que, antes o después, obligará a adoptar "grandes decisiones", entre las que no descarta la aplicación del copago, es decir, que los usuarios asuman una parte del enorme déficit que la gestión del PP ha acumulado.

En declaraciones a este periódico, Martín señala que la táctica del Consell del PP ha sido postergar a futuros ejercicios económicos los gastos de la atención sanitaria. Así, en el presupuesto de 2007 se relegó para años venideros el pago de casi cuatro mil millones de euros.

Peor fue en 2008, cuando se produjo un "salto espectacular" que obligará a los futuros gobiernos de la Generalitat a tener que asumir pagos por valor de más de seis mil quinientos millones de euros. Esa monumental factura comprometerá los presupuestos del Consell al menos hasta 2015, pero Martín destaca que durante todos esos años "se va a tener que seguir atendiendo a las personas en el sistema de salud", algo que, en su opinión, hace que el sistema sea "insostenible".

Para el catedrático de la universidad, "tanto el Gobierno de la Generalitat como la oposición y la sociedad civil tienen que reunirse con la máxima urgencia" para "definir la dimensión del crack económico de la Comunitat Valenciana" y "hablar con claridad" sobre la situación de la sanidad pública.

Gregorio Martín argumenta que no es válida la habitual excusa del PP, que atribuye al actual modelo de financiación de las comunidades autónomas el déficit sanitario valenciano. "Es posible que el Estado deba aportar más recursos, pero, pese a eso, es el Consell el que decide el destino del dinero que recibe y recauda", y por eso considera "fundamental" que se produzcan "cambios radicales en las prioridades de la Generalitat". "Las fuerzas políticas deben superar la gran mentira colectiva en que está sumida la financiación de la sanidad pública y negociar un acuerdo a nivel de País Valenciano, como los famosos Pactos de la Moncloa de la transición, que garantice el funcionamiento actual y futuro del sistema de salud".

Gregorio Martín reveló que, a raíz del buen rollo que se ha generado entre los responsables autonómicos y del Gobierno de España para abordar la crisis de la gripe A, técnicos del Ministerio de Sanidad han planteado abordar el enorme déficit de algunas comunidades en esta materia, como la valenciana, ante el riesgo de que deriven en un colapso financiero de consecuencias imprevisibles.

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B) 240 sentencias obligan a la conselleria a pagar 144 millones de facturas pendientes e intereses

Los valencianos deben asumir millones de euros en intereses por la mala gestión del Consell en 15 años

29/10/2009 - Levante-emv.com

La política de la Generalitat Valenciana, desde que entró el PP en el Gobierno del Consell con Eduardo Zaplana, ha sido la de dilatar el pago de las facturas en Sanidad. Ya en 1999, un proveedor de material sanitario para los hospitales públicos alertaba de que la Conselleria de Sanidad le debía una cantidad importante y que no se atrevía a ir a los tribunales para no perder la «contrata», ya que no había nada firmado.

Los pequeños proveedores se perdieron por el camino al no poder asumir la deuda de Sanidad, pero los grandes laboratorios farmacéuticos y las multinacionales comenzaron a presionar. Al final, se llegó a un acuerdo con la conselleria, por el que les «permitían» reclamar ante los tribunales, sin miedo a que la Administración dejara de hacerles pedidos, y a cambio podían pedir los intereses.

Este «pacto» ha dado como resultado, por ejemplo, que sólo en tres años y medio, desde 2006 a julio de 2009, se hayan contabilizado 579 sentencias condenatorias para la Generalitat Valenciana en cuanto a facturas impagadas e intereses de demora.

Sólo en 240 de estas 579 sentencias —poco más de la tercera parte— se suman 113.679.210 euros en facturas que la conselleria debía a los suministradores sanitarios y otros 31.217.223 euros en intereses de demora por el pago de facturas atrasadas.

En estas sentencias, dictadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, hay reclamaciones de facturas que datan de 1994 a 1999. Algunas de las últimas cantidades reclamadas, fechadas en 2005, siguen sin abonarse al ser recientes. Mientras que, de las facturas impagadas, se tiene que deducir el interés de demora, que ha sido reconocido en cada sentencia sin determinar la cantidad.

Las facturas que se reclaman son mayoritariamente por suministros de medicamentos o material quirúrgico, pero también hay otras por obras de reforma, servicios de limpieza o plan de choque.