Más suelo público para la Católica

Barberá apoya un hospital y una facultad privados en un solar escolar público

CRISTINA VÁZQUEZ - Valencia - 26/02/2011

El pleno del Ayuntamiento de Valencia aprobó ayer, con los únicos votos del PP, el cambio de uso de una parcela pública escolar para que la Universidad Católica San Vicente Mártir levante una clínica y una facultad de medicina privadas. La parcela, de 13.000 metros cuadrados, está en Campanar, uno de los distritos de Valencia con mayor crecimiento demográfico.

Jorge Bellver, concejal delegado de Urbanismo de Valencia, apeló a un reciente informe de la Consejería de Educación que asegura que en ese distrito existen suficientes plazas escolares y por ello se acepta este cambio. Ayer arrancó el trámite administrativo, que acabará con una concesión demanial sobre este suelo del Ayuntamiento de Valencia a la Universidad Católica por espacio de 75 años. La consejería admite una demanda potencial de más de 7.000 plazas escolares en la zona, pero insiste en que hay suelo suficiente para atender estas necesidades.

Los socialistas, único partido en la oposición, votaron contra este cambio de uso pedido por la Católica. El edil Juan Soto dijo que el informe de la consejería que avala el cambio de uso es "temerario y forcejea la legalidad porque desautoriza todos los informes anteriores de esa misma consejería". Según Soto, Educación ya reconoció en 2001 que no había suelo suficiente en Valencia para acometer los colegios previstos en el mapa escolar de la Generalitat. Un informe posterior, de 2009, también de Educación, consideraba imprescindible para uso escolar este solar donde ahora la Católica proyecta el hospital y la facultad. "Sacrifican suelo público escolar en favor de una actividad privada, de un negocio", subrayó el concejal socialista.

Bellver citó a políticos históricos del socialismo como Pablo Iglesias o Francisco Largo Caballero para acabar asegurando que la oposición lo que no acepta es que el promotor sea un centro católico.

Y si alguien puso voz y rostro a las carencias de plazas escolares en el distrito de Campanar fueron los representantes de la AMPA del Colegio Público Giner de los Ríos. Este centro, con más de 400 alumnos y un comedor saturado, lleva años a la espera de una ampliación por parte de la Generalitat. "Hemos venido a pedir un colegio digno para nuestros hijos", dijo la presidenta de la AMPA, Virginia Daroca, que recordó cómo los barracones en este centro escolar han pasado de uno a tres en solo un año. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se ausentó del pleno municipal durante el debate de la moción de apoyo a la AMPA defendida por los socialistas. Tampoco escuchó la intervención de Daroca.

El concejal delegado de Educación, Emilio del Toro, ofreció al final del debate de la moción un texto alternativo donde el PP acepta, de la mano de los socialistas, urgir al Consell a solucionar la saturación de este centro. A cambio, el plenario al completo solicita a la empresa estatal Sepes que informe de la urbanización de otro colegio público, el Santo Ángel de la Guarda, ubicado en el antiguo parque de Ingenieros de la calle de San Vicente.

La ciudad, subrayó Soto, ha crecido con el desarrollo de los nuevos sectores urbanizables previstos en el PGOU de 1988. Y la realidad son 15 nuevos barrios, 40.000 vecinos y una población escolar de entre 3 y 18 años que se calcula en 6.000 alumnos. Los barrios afectados se extienden desde la avenida de Francia hasta Campanar, pasando por Ademuz, Sant Pau, Orriols o Benicalap.

Los socialistas documentan hasta cuatro recalificaciones de suelo escolar en el distrito de Campanar. Estas recalificaciones se han destinado a más viviendas, espacios verdes u otros fines. Tres de estas parcelas se entregaron a la sociedad Dune en compensación por la permuta de los metros edificables a que tenían derecho en el solar de Jesuitas, donde estaba prevista la construcción de un complejo hotelero. Además se ha recalificado un cuarto solar. "Y no solo eso", añade Soto. "La parcela de uso deportivo que debía reconvertirse en suelo escolar, tampoco se ha sumado", repasa el concejal.

A estas cuatro parcelas se une ahora el cambio de uso aprobado ayer por el Gobierno local de Barberá para la Universidad Católica. Ahora se abre el periodo de exposición pública, donde se podrán presentar alegaciones. El Consistorio deberá responderlas y luego aprobar de forma definitiva la recalificación. El Ayuntamiento de la ciudad debe luego iniciar un concurso público para licitar la concesión demanial de la parcela.

"No está justificado en absoluito", insiste Soto. La Consejería reconoce en su informe necesidades escolares para 4.300 alumnos de infantil y primaria y 1.900 alumnos de secundaria. También reconoce que faltan por construir dos colegios de infantil y primaria de dos líneas y un nuevo centro de secundaria. Sin embargo, los solares disponibles en el distrito son más pequeños de lo previsto y están además lejos de los nuevos sectores residenciales.

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Castedo aprueba sin apoyos la norma sobre prostitutas y mendigos

El PSPV augura que la ordenanza trasladará el problema por toda la ciudad

R. BIOT - Alicante - 26/02/2011

La polémica y criticada ordenanza sobre la mendicidad y la prostitución en espacios públicos se convirtió ayer en norma oficial en Alicante al hacer valer el PP su mayoría en el Consistorio.

La polémica y criticada ordenanza sobre la mendicidad y la prostitución en espacios públicos se convirtió ayer en norma oficial en Alicante al hacer valer el PP su mayoría en el Consistorio. El Grupo Socialista municipal, que se abstuvo en la aprobación provisional del pasado mes de septiembre, votó ayer en contra de una norma que considera que no soluciona el problema de los vecinos ni de los afectados. Al pleno asistieron miembros del foro social contra la ordenanza, del que forman parte Médicos del Mundo, el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo o la Comisión Diocesana Justicia y Paz.

La norma, que según CC OO-PV es la "más restrictiva" de la Comunidad Valenciana, prevé multas de hasta 3.000 euros y se empezará a aplicar de forma prioritaria en las entradas de Alicante. La norma recibió una fuerte contestación social, aunque apenas logró que el Ayuntamiento eliminara de su redacción la posibilidad de que la policía requisara la colecta de los mendigos.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Seva, aseguró que la ordenanza "recoge el sentir de los vecinos" y defendió que la norma está basada en criterios preventivos y asistenciales, pretende ayudar a erradicar la prostitución y la mendicidad de las calles e incidirá en la mendicidad infantil y en las mafias de explotación sexual.

La edil socialista Laura Soler, que en reiteradas ocasiones ha reclamado un plan integral para afrontar el problema con garantías, aseguró que esta norma solo trasladará la prostitución y la mendicidad por la ciudad.

En el pleno también se aprobó la ordenanza de circulación de peatones y vehículos, que introduce el uso de la bicicleta en la movilidad. La norma se aprobó con la abstención socialista.

Por otro lado, los socialistas preguntaron por la polémica situación que vive el colegio Manjón Cervantes. El edil socialista Manuel de Barros denunció que ya se han gastado dos millones en el centro, cuyos alumnos fueron trasladados hace dos años por daños en la estructura, sin haber resuelto nada. De Barros criticó la existencia de informes técnicos contradictorios. "En una intervención didáctica por aquello de ir practicando", en referencia a su futura vuelta a la docencia por su previsible exclusión de las listas electorales del PSPV-PSOE, De Barros relató al PP "un cuento" de tres minutos en torno a lo sucedido en el Manjón Cervantes.

No fue la única referencia a los cambios en las listas electorales. La más clara llegó del edil de Hacienda, Juan Zaragoza, quien durante un debate aseguró al concejal del PSPV Ángel Pernías: "Lamento que su partido no se haya dado cuenta de la labor constructiva que hacen algunos". La gentileza fue cortada con contundencia por la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y no se habló más del tema.

Infracciones

- La ordenanza de la mendicidad y la prostitución se empezó a tramitar antes del verano de 2010 y se aprobó provisionalmente a finales de septiembre.

- El pleno de ayer le dio luz verde definitiva con los votos a favor del PP y en contra del PSPV-PSOE.

- Mendicidad. El régimen de infracciones podrá alcanzar los 3.000 euros en los casos más graves, es decir, los ejercidos por menores.

- Prostitución. Las infracciones muy graves, mantener relaciones sexuales en espacios públicos, se sancionarán con hasta 3.000 euros. La ordenanza incidirá en aquellas prácticas que se realicen a menos de 200 metros de centros educativos

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