Por qué perdimos la guerra civil

El reconocimiento del pasado trágico
GABRIEL JACKSON

EL PAÍS - Opinión - 02-04-2006

Durante los 36 años de dictadura del general Franco, los perdedores de la Guerra Civil no podían hablar en público de sus sufrimientos personales ni de las pérdidas padecidas por sus familias. Después, durante la transición, la mayoría estuvo de acuerdo en que seguir manteniendo un silencio casi absoluto sobre el pasado era un precio que merecía la pena a cambio de lograr el primer sistema democrático estable en la historia de España. Sólo cuando dicho sistema llevaba unos 25 años prosperando empezaron muchas personas a confiar lo suficiente en la longevidad de la nueva democracia como para reivindicar el derecho a abrir las tumbas de sus seres queridos, hasta entonces secretas, y exigir la anulación de miles de sentencias de muerte de tribunales militares y el reconocimiento público de los crímenes de la dictadura. (...)

Me gustaría, como estudioso de la Europa del siglo XX y ciudadano reciente de la España democrática, ayudar a poner en perspectiva los trágicos acontecimientos de los años treinta. Primero plantearé la pregunta más compleja: si la República fue tan incompetente y caótica como toda la historiografía franquista -y la historia revisionista actual- asegura; y si, durante los primeros meses de la Guerra Civil, miles de sacerdotes, monjas, terratenientes y empresarios murieron asesinados en nombre de lo que se dijo que era una revolución anarquista; (...)

Para responder hay que empezar por decir que la República no fue, ni mucho menos, tan caótica como afirman sus detractores. Estableció una libertad política e intelectual absoluta y celebró elecciones con un recuento honrado de votos por primera vez en la historia de España. Separó la Iglesia del Estado, una medida necesaria en cualquier país que pretenda ofrecer libertad de ideas a sus ciudadanos, y logró poner en marcha la autonomía catalana como primer paso hacia el reconocimiento de la diversidad cultural de España. Reconoció los derechos de los trabajadores en nuevas leyes sociales y en negociaciones directas con la Unión General de Trabajadores y la Confederación Nacional del Trabajo. Abrió 7.000 escuelas públicas y estableció las bases del primer sistema de salud pública de la historia española.
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