Este sigue siendo el salvaje Este (PP) ix
Continuación...
4.- Sanidad, condenada a pagar 7 millones a empresas por atrasos
La consejería debe a un solo proveedor 6.827.167 euros desde 2002
LYDIA GARRIDO - Valencia - 13/01/2007
La Consejería de Sanidad deberá pagar 6.827.167,34 euros pendientes por 3.092 facturas que debe a la mercantil Izasa Distribuciones Técnicas, SA. Así lo ha decidido el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que en otras tres sentencias obliga a la Generalitat a saldar más de 166.000 euros que debe a otras tres firmas. En total, 6.994.564 euros. A esa cantidad se deben sumar varios millones de euros en concepto de intereses de demora.
La empresa Izasa Distribuciones Técnicas, SA suministró a diversos centros hospitalarios dependientes de la Consejería de Sanidad productos sanitarios, reactivos de diagnósticos y equipos por valor de 12.371.092,52 euros con anterioridad a diciembre de 2002. La mercantil reclamó el dinero correspondiente a todo ello y al no ser estimado su recurso acudió a la vía contencioso-administriva. Mientras se estaba tramitando, la Administración saldó prácticamente la mitad de la deuda. Sobre el resto, la Administración centró la discusión en una diferencia de 971,14 euros sobre un total de 6.827.167,34 euros. Esa discusión ha impedido a la firma cobrar material suministrado hace ya cuatro años.
La sección tercera de la Sala de Lo Contencioso-Administrativo del TSJ ha admitido el recurso de la empresa y en una sentencia obliga a Sanidad a pagar esas 3.092 facturas. Más aún, expresamente dice que procede reconocer el derecho de la mercantil a cobrar los correspondientes intereses de demora, tal como prevé la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Esos intereses cuentan desde dos meses después de la fecha de cada una de las facturas y resultan de aplicar el interés del dinero más un incremento en 1,5 puntos.
Además de ese fallo, el tribunal ha dictado otros tres en el mismo sentido con cantidades distintas y sobre otros tres proveedores. (...)
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5.- La deuda de la empresa Ciegsa crece un 1.327% en la 'era Camps'
Barracones más caros
Todo ese endeudamiento, sin embargo, no ha servido para acabar con los barracones, uno de los grandes lastres del sistema educativo valenciano. El coste de alquiler de esos "módulos prefabricados" también se ha incrementado un 15% respecto al 2004. La Generalitat paga por usarlos 19,5 millones de euros al año.
El Síndic indica en su informe lo "muy laborioso" que le ha resultado analizar los números de Ciegsa debido a "la implantación del sistema informático, a errores contables, a las numerosas cuentas para un mismo adjudicatario" y "a la complejidad establecida" por la empresa. Se censuran también las fórmulas de contratación empleadas y la ampliación de los alquileres de los barracones sin que medien resoluciones de los órganos de contratación que sustenten jurídicamente esas prórrogas.
Noguera concluyó que la gestión de Ciegsa por parte de Camps "suple con creces el mal hacer" de su antecesor Eduardo Zaplana.
La Rioja ha previsto gastar en atención sanitaria en 2007 un 44% más que la Comunidad Valenciana, según un estudio de los presupuestos autonómicos de la Federación de Asociaciones por la Sanidad Pública. Esta desigualdad es equivalente a la de 2003, y rompe la tendencia a una menor diferencia que se registró en 2005, cuando la variación entre ambas (primera y última de la clasificación) era de un 33%. La media en España es de 1.170 euros, un 11% más que en 2005.
Gerardo Camps, consejero de Hacienda, explicó ayer que pretende pagar "los mil millones de euros de obligaciones de pago no reconocidas" que arrastra la Sanidad valenciana a lo largo de los próximos 25 años mediante una fórmula que evita aflorar como déficit el conjunto de la factura pendiente que se oculta en los cajones de la Consejería de Sanidad por falta de disponibilidad de crédito presupuestario. "Si se acaba el dinero no voy a dejar de comprar inyecciones", ilustró gráficamente Camps a un grupo de periodistas.
El responsable de Hacienda aseguró que ya es capaz de cubrir cada año la factura de sus proveedores sanitarios mediante los presupuestos ordinarios pero confesó que arrastra "una mochila" de mil millones de euros de pagos pendientes de ejercicios anteriores. Las fórmulas para pagar esas "obligaciones no reconocidas" resultan muy restringidas puesto que el plan de estabilidad presupuestaria pactado con el Ministerio de Hacienda y el resto de responsables de Hacienda de todas las comunidades autónomas obliga a la Generalitat Valenciana a respetar unos topes de déficit presupuestario y deuda pública que la factura pendiente de Sanidad desborda con creces.
Camps explicó que acudirá a algún tipo de crédito sindicado con una fórmula que permitirá aflorar como déficit exclusivamente la cuota anual de deuda pendiente que pague la Generalitat cada ejercicio. "Nos van a imitar todos", vaticinó Camps, como adalid de la ingeniería presupuestaria, "y contamos con el beneplácito del Gobierno".
Ley de Hacienda
Sin embargo, la tramitación parlamentaria de la nueva fórmula Camps no es tan sencilla. El Consell ha planteado una modificación de la Ley de Hacienda a través de ese cajón de sastre que es la ley de acompañamiento de los presupuestos que permita atender las "obligaciones no reconocidas", un término aparentemente contradictorio pero que deriva de la lógica presupuestaria: no se pueden asumir compromisos de pago si no se dispone de crédito suficiente.
La modificación legal que plantea el PP es genérica y, por lo tanto, permitiría extender la fórmula para diferir pagos que desbordan el presupuesto a cualquier departamento de la Generalitat. "Siempre que sea aprobado como un acuerdo del pleno del Consell y, por lo tanto, publicado" en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, sentenció Camps.
Tales cautelas no satisfacen a la oposición parlamentaria. Cristina Moreno, portavoz socialista, explicó que el PSPV apoyaría en las Cortes un acuerdo que permitiera resolver el problema de las facturas pendientes de pago que arrastra Sanidad, pero reiteró que acudiría al Tribunal Constitucional si esa posibilidad se extendiera a cualquier área del Consell a través de la ley.
8.- El Síndic constata que los compromisos de gasto futuro de la Generalitat crecieron 3.500 millones
El informe de fiscalización de la cuenta general de la Generalitat del Síndic de Comptes del año 2005, que el titular de la institución, Rafael Vicente Queralt, entregó ayer en las Cortes Valencianas, constata que los compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros crecieron de forma considerable, hasta alcanzar los 19.616 millones de euros, 3.500 millones más que el año anterior. El Síndic mantiene sus dudas sobre la posibilidad de cobrar en su integridad los derechos pendientes de cobro, las llamadas facturas en el cajón, que bajaron ligeramente, hasta los 1.130 millones de euros. El documento reclama de nuevo que el Presupuesto inicial incluya la consignación de créditos suficiente y adecuada para minizar el volumen de las modificaciones presupuestarias. El síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, señaló ayer, tras entregar al presidente de las Cortes, Julio de España, el informe de fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat correspondiente al ejercicio presupuestario de 2005, que no ha detectado "responsabilidad contable" ni "ningún problema destacable". Tampoco ha detectado "incumplimientos significativos" de la normativa aplicable a la gestión de fondos públicos, salvo incidencias en la formalización de determinadas modificaciones de crédito y en la aplicación de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Pero el informe constata la tendencia del Consell, denunciada constantemente por la oposición, de consignar cada vez más compromisos con cargo a ejercicios futuros. Si en el informe correspondiente al año 2004 esos compromisos sumaban 16.164 millones de euros, en el documento presentado ayer la cifra crece hasta los 19.616 millones, lo que supone un incremento del 21,4% respecto al ejercicio anterior. Y eso que en esta cifra no están incluidos ni los compromisos futuros derivados del acuerdo de financiación del plan de modernización de las instalaciones de la Feria Muestrario Internacional de Valencia ni las obligaciones con las Universidades públicas relativas a planes de inversión que han sido asumidas por la Generalitat. En el informe anterior ya señalaba que estos dos compromisos de gasto deberían ser incluidos en la sección 20 del Presupuesto (Servicio de la Deuda).
Precisamente, ayer el Banco de España dio a conocer la evolución de la deuda de la Generalitat en el tercer trimestre de 2006. Según el boletín estadístico del banco emisor, la deuda se redujo ligeramente, de los 10.295 millones que sumaba a finales de junio a los 10.255 registrados en acabar septiembre. La Comunidad Valenciana continúa al frente de la clasificación en el ratio entre deuda y PIB, que se situó en 11,1, frente al 11,4 del trimestre anterior. En todo caso, muy lejos de la media estatal (5,9).
El Consell celebró la cifra y subrayó el "esfuerzo" realizado con el Programa de Estabilidad "para que el endeudamiento tenga una desaceleración de su crecimiento" y la Generalitat alcance el equilibrio presupuestario, "objetivo que ya se ha logrado en términos de contabilidad nacional en 2005, dos años antes de lo previsto", según dijo el consejero de Economía, Gerardo Camps.
Sin embargo, los socialistas ven las cifras de otra manera. Para empezar, añaden la deuda de las empresas públicas, que suma 1.662 millones. Por otra parte, consideran que la estadística del Banco de España no incluye deudas pendientes de reconocer, como las obligaciones del Presupuesto actual pendientes de atender, que cifran en 2.667 millones, de manera que estiman otros 5.130 millones de euros de deuda pendiente de reconocer, por lo que el endeudamiento total alcanzaría los 17.032 millones y el ratio deuda-PIB sería de 18,86.
Por otra parte, el informe del Síndic señala que el importe de los derechos pendientes de cobro, las llamadas facturas en el cajón de la Consejería de Sanidad, "es muy significativo" y que la provisión existente debería incrementarse al menos en 686,2 millones de euros. Los derechos pendientes de cobro sumaban 1.129,8 millones de euros al final del ejercicio analizado, lo que supone una disminución del 8,8% respecto al año 2004, en que alcanzaron la cifra de 1.240,1 millones de euros. (...)
Radiotelevisió Valenciana (RTVV) presenta para 2007 un presupuesto dominado por la deuda. El primer dato que revela el estado de sus cuentas es la refinanciación de 50 millones de euros. Esa cantidad corresponde a un préstamo a largo plazo suscrito con la entidad financiera HVB Banque Luxemburg en 2000 y cuya amortización se fijó para 2007. El ente autonómico anuncia e incluye en sus presupuestos que volverá a suscribir un préstamo a largo plazo para afrontar los pagos de aquel crédito.
Las cuentas previstas para 2007 recogen una deuda prevista de 138.034.420 euros, que según consta en el anteproyecto de presupuestos del ente que hoy será presentado al consejo de administración, "se financiará con endeudamiento a largo plazo". A esa deuda hay que sumar 27 millones de euros más que corresponden al pago de intereses por otros préstamos a largo plazo suscritos por la televisión valenciana. Esa previsión eleva la deuda acumulada del ente público autonómico a los 997.229.986 millones de euros.
En la parte del presupuesto de Televisió Valenciana, el ente recoge una subida de siete millones de euros en gastos correspondientes básicamente a la compra de películas y otros espacios. A la vez, aparece un incremento del gasto en prestaciones de servicios (de 29.083.890 en 2006 a 43.824.830 para 2007). Ese incremento incluye el acuerdo con el equipo de fútbol Levante y con la empresa Sogecable.
Los presupuestos no recogen partida para la extensión de la Televisión Digital Terrestre, que era un compromiso, ni de las obras de ampliación del centro de producciones de Burjassot, que también fueron un compromiso de la dirección.
Miguel Mazón, miembro del consejo de administración de RTVV por el PSPV, calificó ayer los presupuestos de "ruinosos" y aseguró: "No hay duda de que estamos en quiebra técnica, pero tampoco de que la deuda por una televisión sectaria, que no cumple ni los objetivos mínimos que la definen, será un lastre presupuestario para otras generaciones de valencianos. Más aún, la refinanciación retrata que la propia Generalitat no tiene liquidez, y avisa al resto de empresas porque si no actuara así, el plan de endeudamiento general se vendría abajo".
Por otra parte, la coordinadora de Esquerra Unida (EU) y miembro del consejo de administración de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), Glòria Marcos, afirmó que el ente público está en una situación de "quiebra real" y añadió que los presupuestos para el año próximo suponen una "huida hacia delante".
Queridísim@s amigo@s, aquí tenéis un salpicón de noticias, más o menos escogidas al azar, para mejor haceros una composición de lugar de cómo nos hallamos en esta Comunitat y, lo que es peor, de cómo nos hallaremos.
1.- Benidorm cede con tres años de retraso el suelo para el segundo hospital de la Marina Baixa
S. CASTILLO - Benidorm EL PAÍS - 03-11-2006
(...) Por otra parte, la junta de personal del hospital de La Vila Joiosa acordó ayer constituir una fundación con la que pretenden adquirir un solar anexo al hospital para habilitarlo como aparcamiento. Los trabajadores responden así a la decisión de Sanidad de privatizar el actual aparcamiento. El centro sanitario se encuentra en una partida rural a cuatro kilómetros del núcleo urbano y sólo está comunicado con transporte público con cuatro de los dieciocho municipios a los que presta servicio. Sanidad sacó a concurso en mayo la construcción de un aparcamiento privado para 900 plazas por 40 años en los terrenos del centro, a cambio de construir un helipuerto y urbanizar la zona, a la que sólo se podrá acceder en el futuro pagando. El precio estipulado es de 1,55 euros según el pliego de condiciones, es decir, 36 euros al día para cada usuario.
Nota: Hay que pagar hasta para visitar/curar a los enfermos: estos catolicones del PP ¡no saben lo que es el Evangelio!
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2.- La deuda de la Comunidad Valenciana (a cierre de 2005) prácticamente duplica la media del endeudamiento autonómico nacional (11,6% frente a 6%).
Nota: Claro, y aquí nos preguntamos ¿en qué se lo están gastando?
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3.- La Generalitat deja de pagar las nóminas de los profesores y personal universitario
Los centros académicos deberán solicitar créditos para afrontar los gastos corrientes
IGNACIO ZAFRA- Valencia -
La Generalitat ha dejado de pagar las mensualidades con las que las universidades pagan las nóminas de los profesores y del resto de su personal. Lo dijo ayer el rector de la Universidad de Valencia, Francisco Tomás, y lo respaldaron otros rectores. La última transferencia se hizo en septiembre con cargo al mes de agosto. Los cerca de 60 millones de euros que el Consell dejará de abonar sólo a la Universitat la hasta que previsiblemente regularice su situación en 2007 deberán ser cubiertos con créditos bancarios. La Generalitat no acostumbra a correr con los intereses generados.
La explicación dada por Tomás y confirmada por otros dos rectores es que el Consell presupuesta menos dinero del establecido para el funcionamiento universitario de las facultades: los sueldos de sus profesores y del personal de administración y servicios, pagos a los distribuidores... La consecuencia, desde hace varios ejercicios, es que la Generalitat deja de abonar las últimas transferencias del año. "Y cada vez más pronto", afirma un dirigente académico. Al principio era diciembre, luego noviembre y diciembre... Y este año el descubierto ha comenzado en septiembre.
No es la única deuda que el Consell tiene con las universidades. Tomás, que compareció ayer en rueda de prensa acompañado por el gerente de la Universitat, Joan Oltra, y por el vicerrector de Asuntos Económicos, Enrique Bigné, aseguró que la Generalitat debe todavía 12 millones de euros correspondientes a la financiación por objetivos -uno de los conceptos por el que reciben dinero las universidades- del año 2004; y otros 9,6 millones del ejercicio de 2005. El acuerdo de financiación, señaló el rector, prevé que el pago por objetivos se haga en el año corriente, aunque la costumbre, hasta hace poco, era que se pagaran el siguiente.
Las universidades llevan varios años recurriendo a la solicitud de créditos a devolver en menos de un año, confiando en la costumbre de la Generalitat de ponerse al día en los primeros meses del siguiente ejercicio. Pero deben responder con sus propios recursos a los intereses generados.
La consejería de Empresa, Universidad y Ciencia respondió por la tarde que los pagos se están haciendo "con normalidad".
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La explicación dada por Tomás y confirmada por otros dos rectores es que el Consell presupuesta menos dinero del establecido para el funcionamiento universitario de las facultades: los sueldos de sus profesores y del personal de administración y servicios, pagos a los distribuidores... La consecuencia, desde hace varios ejercicios, es que la Generalitat deja de abonar las últimas transferencias del año. "Y cada vez más pronto", afirma un dirigente académico. Al principio era diciembre, luego noviembre y diciembre... Y este año el descubierto ha comenzado en septiembre.
No es la única deuda que el Consell tiene con las universidades. Tomás, que compareció ayer en rueda de prensa acompañado por el gerente de la Universitat, Joan Oltra, y por el vicerrector de Asuntos Económicos, Enrique Bigné, aseguró que la Generalitat debe todavía 12 millones de euros correspondientes a la financiación por objetivos -uno de los conceptos por el que reciben dinero las universidades- del año 2004; y otros 9,6 millones del ejercicio de 2005. El acuerdo de financiación, señaló el rector, prevé que el pago por objetivos se haga en el año corriente, aunque la costumbre, hasta hace poco, era que se pagaran el siguiente.
Las universidades llevan varios años recurriendo a la solicitud de créditos a devolver en menos de un año, confiando en la costumbre de la Generalitat de ponerse al día en los primeros meses del siguiente ejercicio. Pero deben responder con sus propios recursos a los intereses generados.
La consejería de Empresa, Universidad y Ciencia respondió por la tarde que los pagos se están haciendo "con normalidad".
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4.- Sanidad, condenada a pagar 7 millones a empresas por atrasos
La consejería debe a un solo proveedor 6.827.167 euros desde 2002
LYDIA GARRIDO - Valencia - 13/01/2007
La Consejería de Sanidad deberá pagar 6.827.167,34 euros pendientes por 3.092 facturas que debe a la mercantil Izasa Distribuciones Técnicas, SA. Así lo ha decidido el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que en otras tres sentencias obliga a la Generalitat a saldar más de 166.000 euros que debe a otras tres firmas. En total, 6.994.564 euros. A esa cantidad se deben sumar varios millones de euros en concepto de intereses de demora.
La empresa Izasa Distribuciones Técnicas, SA suministró a diversos centros hospitalarios dependientes de la Consejería de Sanidad productos sanitarios, reactivos de diagnósticos y equipos por valor de 12.371.092,52 euros con anterioridad a diciembre de 2002. La mercantil reclamó el dinero correspondiente a todo ello y al no ser estimado su recurso acudió a la vía contencioso-administriva. Mientras se estaba tramitando, la Administración saldó prácticamente la mitad de la deuda. Sobre el resto, la Administración centró la discusión en una diferencia de 971,14 euros sobre un total de 6.827.167,34 euros. Esa discusión ha impedido a la firma cobrar material suministrado hace ya cuatro años.
La sección tercera de la Sala de Lo Contencioso-Administrativo del TSJ ha admitido el recurso de la empresa y en una sentencia obliga a Sanidad a pagar esas 3.092 facturas. Más aún, expresamente dice que procede reconocer el derecho de la mercantil a cobrar los correspondientes intereses de demora, tal como prevé la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Esos intereses cuentan desde dos meses después de la fecha de cada una de las facturas y resultan de aplicar el interés del dinero más un incremento en 1,5 puntos.
Además de ese fallo, el tribunal ha dictado otros tres en el mismo sentido con cantidades distintas y sobre otros tres proveedores. (...)
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5.- La deuda de la empresa Ciegsa crece un 1.327% en la 'era Camps'
IGNACIO ZAFRA - Valencia
EL PAÍS - 10-01-2007
EL PAÍS - 10-01-2007
La deuda de la empresa pública encargada de construir colegios continúa desbocada. Los datos del último informe de la Sindicatura de Comptes señalan que el endeudamiento de Ciegsa (Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana Sociedad Anónima, cuyo único accionista es la Administración autonómica) ha crecido un 1.327% desde 2003, año en el que el presidente Francisco Camps accedió al cargo, pasando de 45 millones de euros a más de 643. Los gastos financieros, los intereses que la Generalitat paga cada año, se han incrementando paralelamente un 1.285%, elevándose desde los 817.099 euros hasta los 11,3 millones, según explicó ayer la portavoz de Educación socialista en las Cortes, Ana Noguera, sobre la base del informe de la Sindicatura.
Parte de ese agujero puede explicarse por los sobrecostes detectados en la construcción de los 19 centros educativos analizados por el Síndic. Noguera destacó tres: El colegio público San Antón, en Pinoso (Les Valls del Vinalopó), se licitó por 2,4 millones y acabó costando 4,5, lo que representa un incremento del 85%; el colegio público Azorín, en Catral (El Baix Segura), cuyo sobrecoste alcanzó un 69%, y el del Lluís Vives de Xilxes (La Plana Baixa), un 64%. La media de los sobrecostes ronda el 30% y alcanza un total de 27,3 millones de euros.
Con ese dinero, indicó la diputada socialista, podrían haberse construido cinco nuevos centros educativos, si se toman como referencia los precios de licitación.
La deuda de 643 millones de euros detectada por el Síndic se refiere sólo al endeudamiento a largo plazo (cuyo último vencimiento tendrá lugar en el año 2030). Sumándole las deudas a corto plazo, con acreedores y proveedores, se alcanza una cifra total de 1.049 millones, que al acabar 2007 seguirá aumentando hasta los 1.800 millones, según las previsiones de la Consejería de Economía.
Parte de ese agujero puede explicarse por los sobrecostes detectados en la construcción de los 19 centros educativos analizados por el Síndic. Noguera destacó tres: El colegio público San Antón, en Pinoso (Les Valls del Vinalopó), se licitó por 2,4 millones y acabó costando 4,5, lo que representa un incremento del 85%; el colegio público Azorín, en Catral (El Baix Segura), cuyo sobrecoste alcanzó un 69%, y el del Lluís Vives de Xilxes (La Plana Baixa), un 64%. La media de los sobrecostes ronda el 30% y alcanza un total de 27,3 millones de euros.
Con ese dinero, indicó la diputada socialista, podrían haberse construido cinco nuevos centros educativos, si se toman como referencia los precios de licitación.
La deuda de 643 millones de euros detectada por el Síndic se refiere sólo al endeudamiento a largo plazo (cuyo último vencimiento tendrá lugar en el año 2030). Sumándole las deudas a corto plazo, con acreedores y proveedores, se alcanza una cifra total de 1.049 millones, que al acabar 2007 seguirá aumentando hasta los 1.800 millones, según las previsiones de la Consejería de Economía.
Barracones más caros
Todo ese endeudamiento, sin embargo, no ha servido para acabar con los barracones, uno de los grandes lastres del sistema educativo valenciano. El coste de alquiler de esos "módulos prefabricados" también se ha incrementado un 15% respecto al 2004. La Generalitat paga por usarlos 19,5 millones de euros al año.
El Síndic indica en su informe lo "muy laborioso" que le ha resultado analizar los números de Ciegsa debido a "la implantación del sistema informático, a errores contables, a las numerosas cuentas para un mismo adjudicatario" y "a la complejidad establecida" por la empresa. Se censuran también las fórmulas de contratación empleadas y la ampliación de los alquileres de los barracones sin que medien resoluciones de los órganos de contratación que sustenten jurídicamente esas prórrogas.
Noguera concluyó que la gestión de Ciegsa por parte de Camps "suple con creces el mal hacer" de su antecesor Eduardo Zaplana.
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E. DE B. - Madrid
EL PAÍS - Sociedad - 12-01-2007
EL PAÍS - Sociedad - 12-01-2007
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MIGUEL OLIVARES - Valencia
EL PAÍS - 19-12-2006
EL PAÍS - 19-12-2006
Gerardo Camps, consejero de Hacienda, explicó ayer que pretende pagar "los mil millones de euros de obligaciones de pago no reconocidas" que arrastra la Sanidad valenciana a lo largo de los próximos 25 años mediante una fórmula que evita aflorar como déficit el conjunto de la factura pendiente que se oculta en los cajones de la Consejería de Sanidad por falta de disponibilidad de crédito presupuestario. "Si se acaba el dinero no voy a dejar de comprar inyecciones", ilustró gráficamente Camps a un grupo de periodistas.
El responsable de Hacienda aseguró que ya es capaz de cubrir cada año la factura de sus proveedores sanitarios mediante los presupuestos ordinarios pero confesó que arrastra "una mochila" de mil millones de euros de pagos pendientes de ejercicios anteriores. Las fórmulas para pagar esas "obligaciones no reconocidas" resultan muy restringidas puesto que el plan de estabilidad presupuestaria pactado con el Ministerio de Hacienda y el resto de responsables de Hacienda de todas las comunidades autónomas obliga a la Generalitat Valenciana a respetar unos topes de déficit presupuestario y deuda pública que la factura pendiente de Sanidad desborda con creces.
Camps explicó que acudirá a algún tipo de crédito sindicado con una fórmula que permitirá aflorar como déficit exclusivamente la cuota anual de deuda pendiente que pague la Generalitat cada ejercicio. "Nos van a imitar todos", vaticinó Camps, como adalid de la ingeniería presupuestaria, "y contamos con el beneplácito del Gobierno".
Ley de Hacienda
Sin embargo, la tramitación parlamentaria de la nueva fórmula Camps no es tan sencilla. El Consell ha planteado una modificación de la Ley de Hacienda a través de ese cajón de sastre que es la ley de acompañamiento de los presupuestos que permita atender las "obligaciones no reconocidas", un término aparentemente contradictorio pero que deriva de la lógica presupuestaria: no se pueden asumir compromisos de pago si no se dispone de crédito suficiente.
La modificación legal que plantea el PP es genérica y, por lo tanto, permitiría extender la fórmula para diferir pagos que desbordan el presupuesto a cualquier departamento de la Generalitat. "Siempre que sea aprobado como un acuerdo del pleno del Consell y, por lo tanto, publicado" en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, sentenció Camps.
Tales cautelas no satisfacen a la oposición parlamentaria. Cristina Moreno, portavoz socialista, explicó que el PSPV apoyaría en las Cortes un acuerdo que permitiera resolver el problema de las facturas pendientes de pago que arrastra Sanidad, pero reiteró que acudiría al Tribunal Constitucional si esa posibilidad se extendiera a cualquier área del Consell a través de la ley.
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8.- El Síndic constata que los compromisos de gasto futuro de la Generalitat crecieron 3.500 millones
El informe recomienda ajustar las previsiones iniciales para evitar modificaciones presupuestarias
JUANJO GARCÍA DEL MORAL - Valencia
EL PAÍS - 23-12-2006
EL PAÍS - 23-12-2006
El informe de fiscalización de la cuenta general de la Generalitat del Síndic de Comptes del año 2005, que el titular de la institución, Rafael Vicente Queralt, entregó ayer en las Cortes Valencianas, constata que los compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros crecieron de forma considerable, hasta alcanzar los 19.616 millones de euros, 3.500 millones más que el año anterior. El Síndic mantiene sus dudas sobre la posibilidad de cobrar en su integridad los derechos pendientes de cobro, las llamadas facturas en el cajón, que bajaron ligeramente, hasta los 1.130 millones de euros. El documento reclama de nuevo que el Presupuesto inicial incluya la consignación de créditos suficiente y adecuada para minizar el volumen de las modificaciones presupuestarias. El síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, señaló ayer, tras entregar al presidente de las Cortes, Julio de España, el informe de fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat correspondiente al ejercicio presupuestario de 2005, que no ha detectado "responsabilidad contable" ni "ningún problema destacable". Tampoco ha detectado "incumplimientos significativos" de la normativa aplicable a la gestión de fondos públicos, salvo incidencias en la formalización de determinadas modificaciones de crédito y en la aplicación de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Pero el informe constata la tendencia del Consell, denunciada constantemente por la oposición, de consignar cada vez más compromisos con cargo a ejercicios futuros. Si en el informe correspondiente al año 2004 esos compromisos sumaban 16.164 millones de euros, en el documento presentado ayer la cifra crece hasta los 19.616 millones, lo que supone un incremento del 21,4% respecto al ejercicio anterior. Y eso que en esta cifra no están incluidos ni los compromisos futuros derivados del acuerdo de financiación del plan de modernización de las instalaciones de la Feria Muestrario Internacional de Valencia ni las obligaciones con las Universidades públicas relativas a planes de inversión que han sido asumidas por la Generalitat. En el informe anterior ya señalaba que estos dos compromisos de gasto deberían ser incluidos en la sección 20 del Presupuesto (Servicio de la Deuda).
Precisamente, ayer el Banco de España dio a conocer la evolución de la deuda de la Generalitat en el tercer trimestre de 2006. Según el boletín estadístico del banco emisor, la deuda se redujo ligeramente, de los 10.295 millones que sumaba a finales de junio a los 10.255 registrados en acabar septiembre. La Comunidad Valenciana continúa al frente de la clasificación en el ratio entre deuda y PIB, que se situó en 11,1, frente al 11,4 del trimestre anterior. En todo caso, muy lejos de la media estatal (5,9).
El Consell celebró la cifra y subrayó el "esfuerzo" realizado con el Programa de Estabilidad "para que el endeudamiento tenga una desaceleración de su crecimiento" y la Generalitat alcance el equilibrio presupuestario, "objetivo que ya se ha logrado en términos de contabilidad nacional en 2005, dos años antes de lo previsto", según dijo el consejero de Economía, Gerardo Camps.
Sin embargo, los socialistas ven las cifras de otra manera. Para empezar, añaden la deuda de las empresas públicas, que suma 1.662 millones. Por otra parte, consideran que la estadística del Banco de España no incluye deudas pendientes de reconocer, como las obligaciones del Presupuesto actual pendientes de atender, que cifran en 2.667 millones, de manera que estiman otros 5.130 millones de euros de deuda pendiente de reconocer, por lo que el endeudamiento total alcanzaría los 17.032 millones y el ratio deuda-PIB sería de 18,86.
Por otra parte, el informe del Síndic señala que el importe de los derechos pendientes de cobro, las llamadas facturas en el cajón de la Consejería de Sanidad, "es muy significativo" y que la provisión existente debería incrementarse al menos en 686,2 millones de euros. Los derechos pendientes de cobro sumaban 1.129,8 millones de euros al final del ejercicio analizado, lo que supone una disminución del 8,8% respecto al año 2004, en que alcanzaron la cifra de 1.240,1 millones de euros. (...)
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L. GARRIDO - Valencia
EL PAÍS - 18-10-2006
EL PAÍS - 18-10-2006
Las cuentas previstas para 2007 recogen una deuda prevista de 138.034.420 euros, que según consta en el anteproyecto de presupuestos del ente que hoy será presentado al consejo de administración, "se financiará con endeudamiento a largo plazo". A esa deuda hay que sumar 27 millones de euros más que corresponden al pago de intereses por otros préstamos a largo plazo suscritos por la televisión valenciana. Esa previsión eleva la deuda acumulada del ente público autonómico a los 997.229.986 millones de euros.
En la parte del presupuesto de Televisió Valenciana, el ente recoge una subida de siete millones de euros en gastos correspondientes básicamente a la compra de películas y otros espacios. A la vez, aparece un incremento del gasto en prestaciones de servicios (de 29.083.890 en 2006 a 43.824.830 para 2007). Ese incremento incluye el acuerdo con el equipo de fútbol Levante y con la empresa Sogecable.
Los presupuestos no recogen partida para la extensión de la Televisión Digital Terrestre, que era un compromiso, ni de las obras de ampliación del centro de producciones de Burjassot, que también fueron un compromiso de la dirección.
Miguel Mazón, miembro del consejo de administración de RTVV por el PSPV, calificó ayer los presupuestos de "ruinosos" y aseguró: "No hay duda de que estamos en quiebra técnica, pero tampoco de que la deuda por una televisión sectaria, que no cumple ni los objetivos mínimos que la definen, será un lastre presupuestario para otras generaciones de valencianos. Más aún, la refinanciación retrata que la propia Generalitat no tiene liquidez, y avisa al resto de empresas porque si no actuara así, el plan de endeudamiento general se vendría abajo".
Por otra parte, la coordinadora de Esquerra Unida (EU) y miembro del consejo de administración de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), Glòria Marcos, afirmó que el ente público está en una situación de "quiebra real" y añadió que los presupuestos para el año próximo suponen una "huida hacia delante".
Continuará...
Etiquetas: Salvaje Este (PP)
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