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jueves, noviembre 19, 2009

'Público' despide a 16 trabajadores




jueves 19 de noviembre de 2009

"PÚBLICO" DESPIDE A 16 TRABAJADORES

Félix Población

Quienes además de leerlo tenemos el gusto de colaborar esporádicamente con el periódico, por considerar que es una alternativa muy necesaria en el monótono y gris panorama actual de la prensa en España, hemos observado con preocupación que toda la información suministrada en la edición impresa de hoy por Público, en todas sus secciones, no lleva la firma de ninguno de sus periodistas.

En principio, y sin saber nada de lo que podría haber sucedido en relación con la gestión de la empresa, eso quiere decir normalmente que en el diario se está dando algún tipo de conflicto laboral. La ratificación a tal supuesto la hemos encontrado de inmediato en Periodista Digital. La crisis económica, que viene afectando a las plantillas de otras muchas publicaciones -con el cierre incluso de algunas-, ha tocado también al más joven de los diarios de difusión nacional.

Según PD, han sido 16 los trabajadores despedidos por la empresa, 11 redactores y 5 empleados en las áreas de gestión y administración. Los recortes pretenden sostener la viabilidad del proyecto, por el que Mediapubli apuesta, descartando que se pueda dar un ERE en el futuro, a pesar de que los datos contables suministrados al registro mercantil por el periódico hayan sido negativos: las pérdidas netas de Público fueron superiores a los ingresos (23,6 millones contra 20,8) desde septiembre de 2007 a finales de 2008.

Teniendo en cuenta las adversas circunstancias económicas por las que pasamos y el auge creciente de la prensa electrónica, la salida de Público a la calle hace algo más de dos años no era la más favorable para esperar una buena cuenta de resultados. Es posible, por eso, que sus gestores no desecharan ese riesgo. Por contra, y a favor del sostenimiento de la empresa, el periódico ha conseguido en este trienio una creciente acogida en el mercado. Su número de lectores aumentó en un 12,4 por ciento frente al 2 por ciento de media de los diarios nacionales

Si el asentamiento de un periódico en la sociedad nunca fue tarea fácil, mucho menos lo puede ser ahora, en medio de una recesión económica y la galopante competencia de la prensa digital. Sin embargo, hay muchas expectativas abiertas con Público, por su orientación a la izquierda de la prensa nacional al uso, aunque a no pocos de sus lectores pueda parecerles insuficiente, aparente o precaria esa ubicación ideológica. Se trata de un rotativo que por el momento no defrauda a buena parte de los que hace mucho estábamos condenados a El País porque no había más.

Es de esperar que Público siga adelante y mejore en lo que le queda por mejorar, sin que el conflicto laboral del que hoy hemos tenido indicios a través de las informaciones sin firma de sus redactores perturbe su porvenir. Por ahora, y para evitar que la competencia interprete de modo avieso lo ocurrido, el periódico debería explicar a sus lectores las incidencias por las que hoy es noticia y de las que hasta ahora no se les ha dado ninguna explicación.

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martes, noviembre 17, 2009

Fwd: Cosicas que pasan por el foro



---------- Forwarded message ----------
From: <perezparralabogado>
Date: 2009/11/10
Subject: Cosicas que pasan por el foro


Arriqui tran tran tron.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado el art. 5 de
la Orden 2386/2008 de la CAM según la cual no tenía derecho a la
prestación como dependiente toda aquella persona que hubiera presentado
una solicitud para ser valorado y no obtuviese respuesta de la
Adminstración en seis meses (silencio negativo).

Con esta sentencia. del TSJM, todos aquellos/as ciudadanos a los que no se
les respondió en el plazo de seis meses quedan reconocidos como
beneficiarios de una ayuda por dependencia.

La Orden fue recurrida por la Plataforma de Dependencia de Alcorcón
argumentando que el citado art. 5 contravenía la Ley estatal de
Procedimiento Administrativo, que establece como norma general el silencio
administraivo positivo.

Ahora, la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) se encuentra con el problema
que el silencio en que incurrió con ¿cientos, miles, algunos? ciudadanos
otorga a los mismos el derecho a una prestación aunque ni siquiera haya
sido evaluado su nivel o grado de dependencia.




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Keli

lunes, noviembre 09, 2009

Este sigue siendo el salvaje Este (PP) lxvi


El Consell es el más tacaño de España en servicios sociales

El gasto por persona es un 40% inferior a la media nacional


MIGUEL OLIVARES - Valencia - 08/11/2009

El Consell que preside Francisco Camps es el gobierno autonómico más cicatero de España en gasto público para cubrir servicios sociales, según un informe elaborado por la Secretaría de Bienestar Social y Salud del PSPV-PSOE que gestiona José Mayans.

El Consell que preside Francisco Camps es el gobierno autonómico más cicatero de España en gasto público para cubrir servicios sociales, según un informe elaborado por la Secretaría de Bienestar Social y Salud del PSPV-PSOE que gestiona José Mayans. Los datos recabados por los socialistas revelan que el gasto por habitante en protección social y servicios sociales fue de 353 euros por habitante en 2007. El mismo año, la media estatal era de 553. Navarra (1.377 euros por habitante) y Extremadura (908) ocupan los primeros lugares. La Comunidad Valenciana, el último.

El mismo informe revela que entre 1998 y 2008 el presupuesto consolidado de la Generalitat se ha duplicado: ha pasado de cerca de 7.000 euros a un poco más de 14.000. Mientras, el gasto público en servicios sociales apenas ha crecido un 25%.

Jorge Alarte, secretario general del PSPV, concluyó a la vista de las cifras que la Generalitat debe destinar otros 576 millones de euros adicionales de gasto social si quiere hacer realidad las "promesas incumplidas" del presidente Francisco Camps.

Alarte acumuló en su larga lista las deudas pendientes del Consell en lo relativo a la renta de emancipación, la renta mínima de inserción, las ayudas por nacimientos, a la protección a madres e hijos menores de tres años y las certificaciones por minusvalía, así como los "retrasos" en la aplicación de la Ley de Dependencia.

El secretario de los socialistas valencianos lamentó ayer, en rueda de prensa, que los Presupuestos de la Generalitat para 2010 "sólo dedican el 3,92% a políticas de Bienestar Social", un porcentaje "inferior" al del resto de las comunidades autónomas. "Camps es el peor entre los peores", apostilló el dirigente socialista.

Respecto a la aplicación de la Ley de Dependencia, Alarte comparó el porcentaje de reconocimiento de personas dependientes en toda España, que alcanza el 11% de los posibles beneficiarios, frente al exiguo 4% en la Comunidad Valenciana.

"Camps deja en la estacada y abandonados a los más débiles", sentenció. Y elevó a 100.000 el número de valencianos a los que Camps "niega su derecho" a disfrutar de las ayudas vinculada a esta ley estatal.

"Hay 70.000 dependientes valencianos que ni siquiera han formulado la solicitud" para acceder a las ayudas; 30.000 personas que no han recibido respuesta a sus peticiones; y 8.500 valencianos que "han muerto mientras esperaban ser reconocidos". "Camps no quiere aplicar la Ley de Dependencia", concluyó Alarte.

© EDICIONES EL PAÍS S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 337 8200

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jueves, noviembre 05, 2009

Hético Aznar



---------- Forwarded message ----------
From: Elv
Date: 2009/10/26
Subject: Fwd: etica del PP

¿Es ético que José María Aznar imparta lecciones de ética?

La capacidad de Aznar para asombrar al mundo mundial no tiene límites. El sábado pasado nos sorprendió acudiendo a una manifestación antiabortista, a pesar de que durante los gobiernos que presidió se produjeron más de medio millón de abortos amparados por una normativa cuya derogación no promovió y, al lunes siguiente, rizando aún más el rizo, se nos anuncia que dirigirá la cátedra de "Ética, política y humanidades" en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).

El anuncio lo han realizado el secretario general de FAES y el propietario de la Universidad, quienes han informado de que el personal docente de la cátedra lo integrarán "profesores con un perfil muy alto y una trayectoria política y personal intachable" y que, por ello, son los adecuados para enseñar política, pero "política basada en la ética y los valores". Tras lo cual, mencionaron, entre otros, los nombres de Ángel Acebes, Ignacio Astarloa, Eduardo Zaplana y María San Gil, a los que habría que añadir como ponentes eventuales a Manuel Pizarro, Jaime Mayor Oreja y Ramón Luis Valcárcel -este último el actual presidente de la Comunidad en la que está ubicada la Universidad-.

Pues bien, considerando que el 6 de mayo de 2008 se hizo pública la constitución de la "Plataforma por la Democracia Universitaria en la Región de Murcia" con el objetivo de "denunciar los numerosos privilegios que tanto la Consejería de Educación como los Ayuntamientos de Murcia y Cartagena -regidos por el Partido Popular- han venido concediendo a la UCAM y más exactamente a su propietario, José Luis Mendoza" y, habida cuenta de que las enseñanzas que impartirán tan distinguidos católicos populares versan sobre la ética, se les propone para su consideración moral una serie de reflexiones sobre algunos de los comportamientos de los poderes políticos de la Comunidad murciana en relación con esta Universidad.

¿Es ético que un partido político en el desempeño de su poder local ceda terrenos municipales a un empresario privado para su negocio particular? (El Ayuntamiento de Murcia cedió importantes extensiones de terreno a la citada Universidad Católica. Una de estas cesiones de 135.000 metros cuadrados se produjo el 15 de junio de 2005 con el objetivo de posibilitar la ampliación de sus instalaciones).

¿Es ético que el Servicio Murciano de Salud firme un convenio con la UCAM para que esta entidad privada disponga de infraestructura hospitalaria pública para la realización de prácticas docentes de cara a una futura implantación de la carrera de Medicina en esta Universidad? (El Consejo de Estudiantes de la Universidad Pública de Murcia emitió una nota el 7 de febrero de 2009 en la que "considera inadmisible la sustracción de unos recursos públicos, que a día de hoy necesita la Universidad de Murcia para una correcta docencia práctica (...) y valora este convenio como una nueva vejación a las Universidades Públicas de la Comunidad")

¿Es ético que el Consejo de Gobierno de Murcia autorice el 25 de julio de 2008 la implantación en la UCAM de la carrera de Arquitectura, a pesar de que había recibido un informe desfavorable del Consejo Interuniversitario, que es el organismo asesor del Gobierno regional en asuntos universitarios y que representa a toda la comunidad universitaria?

Y, finalmente, ¿es ético que el partido político que ha favorecido tan descaradamente a esta institución universitaria privada, se vea recompensado con la creación de una cátedra, en la que se dé cabida a varios destacados miembros de esta formación política, sin que de la mayoría de ellos se conozcan trayectorias profesionales de dedicación a la formación de estudiantes universitarios, a excepción de las clases magistrales de Aznar en la Universidad de Georgetown?

Para terminar, permítanme un desahogo ¿las clases prácticas de esta asignatura se impartirán en el campus de la Universidad o dado su contenido, que recuérdese es "Ética, política y humanidades", se trasladarán profesores y alumnos, encabezados por el catedrático, a las calles de Bagdad con ocasión de algún atentado con coche bomba y víctimas destrozadas?

¡Ah! Un ruego a la UCAM; cuando Zaplana desarrolle el principio ético, cuyo enunciado sintetizó hace algún tiempo con la expresión "Me tengo que hacer rico porque estoy arruinado". ¿podría habilitar el paraninfo de la Universidad y permitir la entrada libre? Sería un detalle.

Gerardo Rivas Rico es Licenciado en Ciencias Económicas

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miércoles, noviembre 04, 2009

Este sigue siendo el salvaje Este (PP) lxv


A) El colapso de la Sanidad Pública Valenciana

El Consell aplaza hasta el año 2015 el pago de miles de millones de euros del sistema de salud Expertos auguran que, si no se varía la política, los usuarios tendrán que pagar para ser atendidos

01/11/09 - 01:00
S. S. VALENCIA

Las 579 sentencias que, como ha revelado Levante-EMV, condenan a la Conselleria de Sanidad a pagar 413 millones de euros en facturas pendientes e intereses por suministro de material, son sólo la punta del iceberg, el primer síntoma de que el sistema público de salud valenciano está al borde del colapso.

Así se expresa Gregorio Martín, catedrático de Informática y Computación de la Universitat de València, quien, basándose en los datos de la propia Generalitat, no duda en asegurar que la sanidad valenciana "es insostenible" y que, antes o después, obligará a adoptar "grandes decisiones", entre las que no descarta la aplicación del copago, es decir, que los usuarios asuman una parte del enorme déficit que la gestión del PP ha acumulado.

En declaraciones a este periódico, Martín señala que la táctica del Consell del PP ha sido postergar a futuros ejercicios económicos los gastos de la atención sanitaria. Así, en el presupuesto de 2007 se relegó para años venideros el pago de casi cuatro mil millones de euros.

Peor fue en 2008, cuando se produjo un "salto espectacular" que obligará a los futuros gobiernos de la Generalitat a tener que asumir pagos por valor de más de seis mil quinientos millones de euros. Esa monumental factura comprometerá los presupuestos del Consell al menos hasta 2015, pero Martín destaca que durante todos esos años "se va a tener que seguir atendiendo a las personas en el sistema de salud", algo que, en su opinión, hace que el sistema sea "insostenible".

Para el catedrático de la universidad, "tanto el Gobierno de la Generalitat como la oposición y la sociedad civil tienen que reunirse con la máxima urgencia" para "definir la dimensión del crack económico de la Comunitat Valenciana" y "hablar con claridad" sobre la situación de la sanidad pública.

Gregorio Martín argumenta que no es válida la habitual excusa del PP, que atribuye al actual modelo de financiación de las comunidades autónomas el déficit sanitario valenciano. "Es posible que el Estado deba aportar más recursos, pero, pese a eso, es el Consell el que decide el destino del dinero que recibe y recauda", y por eso considera "fundamental" que se produzcan "cambios radicales en las prioridades de la Generalitat". "Las fuerzas políticas deben superar la gran mentira colectiva en que está sumida la financiación de la sanidad pública y negociar un acuerdo a nivel de País Valenciano, como los famosos Pactos de la Moncloa de la transición, que garantice el funcionamiento actual y futuro del sistema de salud".

Gregorio Martín reveló que, a raíz del buen rollo que se ha generado entre los responsables autonómicos y del Gobierno de España para abordar la crisis de la gripe A, técnicos del Ministerio de Sanidad han planteado abordar el enorme déficit de algunas comunidades en esta materia, como la valenciana, ante el riesgo de que deriven en un colapso financiero de consecuencias imprevisibles.
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B) 240 sentencias obligan a la conselleria a pagar 144 millones de facturas pendientes e intereses

Los valencianos deben asumir millones de euros en intereses por la mala gestión del Consell en 15 años

29/10/2009 - Levante-emv.com

La política de la Generalitat Valenciana, desde que entró el PP en el Gobierno del Consell con Eduardo Zaplana, ha sido la de dilatar el pago de las facturas en Sanidad. Ya en 1999, un proveedor de material sanitario para los hospitales públicos alertaba de que la Conselleria de Sanidad le debía una cantidad importante y que no se atrevía a ir a los tribunales para no perder la «contrata», ya que no había nada firmado.

Los pequeños proveedores se perdieron por el camino al no poder asumir la deuda de Sanidad, pero los grandes laboratorios farmacéuticos y las multinacionales comenzaron a presionar. Al final, se llegó a un acuerdo con la conselleria, por el que les «permitían» reclamar ante los tribunales, sin miedo a que la Administración dejara de hacerles pedidos, y a cambio podían pedir los intereses.
Este «pacto» ha dado como resultado, por ejemplo, que sólo en tres años y medio, desde 2006 a julio de 2009, se hayan contabilizado 579 sentencias condenatorias para la Generalitat Valenciana en cuanto a facturas impagadas e intereses de demora.

Sólo en 240 de estas 579 sentencias —poco más de la tercera parte— se suman 113.679.210 euros en facturas que la conselleria debía a los suministradores sanitarios y otros 31.217.223 euros en intereses de demora por el pago de facturas atrasadas.

En estas sentencias, dictadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, hay reclamaciones de facturas que datan de 1994 a 1999. Algunas de las últimas cantidades reclamadas, fechadas en 2005, siguen sin abonarse al ser recientes. Mientras que, de las facturas impagadas, se tiene que deducir el interés de demora, que ha sido reconocido en cada sentencia sin determinar la cantidad.

Las facturas que se reclaman son mayoritariamente por suministros de medicamentos o material quirúrgico, pero también hay otras por obras de reforma, servicios de limpieza o plan de choque.

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